Valeriano Gómez apunta que si no se les dota suficientemente de fondos, se reproducirán los casos de supuesta financiación ilegal
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de personalidades del mundo académico y ex cargos públicos ha firmado el manifiesto 'En defensa de la actividad sindical y de UGT' para salir al paso de las críticas vertidas sobre las centrales, y especialmente sobre la organización que encabeza Cándido Méndez, sobre supuestos fraudes relacionados con los cursos de formación, que consideran "puntuales" y que emborronan, a su juicio, una histórica trayectoria de defensa de los intereses laborales y sociales.
El manifiesto ha sido presentado en rueda de prensa por el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el exsecretario general de Empleo, Antonio González, y el exportavoz de Empleo en el Congreso de los Diputados del Grupos Socialista, Jesús Membrado.
En palabras de este último, el manifiesto persigue "racionalizar un debate" en que no sólo debe entrar en juego la condena de los errores que hayan podido cometer los sindicatos, sino también un reconocimiento de sus tareas y, sobre todo, "los medios limitados" con los que cuentan a la hora de llevarlas a cabo. "No se les puede pedir aquello que no se puede cumplir", ha resumido en su defensa Membrado.
Según Gómez, "no se han creado medios para que los sindicatos se sostengan por si mismos y eso hace que surjan problemas que surgen periódicamente", a lo que ha añadido, que "si no se soluciona el problema de los fondos, probablemente se sucedan estos casos en el futuro".
MUCHOS ESFUERZOS, POCOS RECURSOS.
Por su parte, González ha explicado que los sindicatos reciben un "muy alto reconocimiento" dentro del ordenamiento jurídico y ha recordado que cuentan con un alto grado de representatividad social, por lo que se ha llegado a ver a estas organizaciones como "un servicio público". Pero esa misma circunstancia conlleva que no haya ningún incentivo a la afiliación.
Así, los sindicatos realizan "grandes esfuerzos", pero "no cuentan con medios suficientes" para el desarrollo de sus tareas, ha añadido. "El destacado reconocimiento constitucional que se ha otorgado a los sindicatos y a las funciones que desempeñan no se ha visto nunca completado, sin embargo, con una preocupación real por los medios económicos de los que disponen para hacer frente a tareas de una magnitud formidable", reza en este sentido el manifiesto.
Los firmantes del texto sustentan estas afirmaciones en un informe titulado 'La situación de la actividad sindical en España respecto a los restantes países de la UE', presentado en el mismo acto, en el que se describen los esfuerzos materiales y económicos que deben desarrollar los sindicatos españoles partiendo de su gran presencia en las pequeñas empresas y de que la cobertura de la negociación colectiva en España se encuentra, asimismo, entre las más elevadas de la UE, superando ampliamente el 80% de los trabajadores.
"A esa elevada cobertura de la negociación colectiva en España, han de responder los sindicatos con unas de las tasas más bajas de afiliación de la UE", señala el informe, que especifica que la relación entre la tasa de cobertura de la Negociación Colectiva y la de afiliación es de las más desfavorables de la UE-27, sólo por detrás de Francia.
Por último, los datos aportados señalan que las características del mercado laboral español también suponen una serie de dificultades añadidas para los sindicatos a la hora de llevar a cabo su labor. Se trata de cuestiones como la alta temporalidad, las mayores facilidades en el despido y la inestabilidad en las relaciones laborales.
Por ello, el manifiesto reclama que "los poderes públicos aborden de una vez por todas y cuanto antes el imprescindible sostenimiento legal, económico y social de las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado a los sindicatos como instituciones imprescindibles para la defensa de los intereses sociales que les son propios, que son hoy, más que nunca de todos los ciudadanos".
CASOS PUNTUALES.
Finalmente, el manifiesto considera "inaceptables" que haya "grupos de interés conservadores" que "pretendan poner en cuestión" la función de los sindicatos, aprovechando "casos concretos y reprochables que pretenden elevar a una categoría general que no responde, en absoluto, con la verdad".
En clara alusión a los recientes escándalos sobre supuestos fraudes en relación a los cursos de formación, los firmantes señalan que "es inadmisible que se persiga y se denigre a los sindicatos cuando en su seno aparecen comportamientos, ciertamente reprobables, pero puntuales".
