MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El mercado laboral necesita reducir gastos ineficientes para incrementar las inversiones en políticas activas de empleo, así como acometer una reforma de la negociación colectiva que introduzca mayor flexibilidad interna en las empresas, según la Fundación Alternativas, próxima al PSOE.
Éstas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe 'La flexiseguridad laboral en España', elaborado por el catedrático de derecho del Trabajo de la UCM, Fernando Valdés, y el profesor de Derecho del Trabajo de la UCM, Jesús Lahera.
Los autores parten de la base de que el mercado laboral español "es el peor" dentro del entorno europeo en términos de flexiseguridad, pues acusa un "exceso de flexibilidad externa" que se expresa en una alta tasa de temporalidad y un alto gasto en prestaciones por desempleo.
En este sentido, el ex secretario general de Empleo Valeriano Gómez, también presente en el acto, indicó que las políticas públicas para el empleo son "insuficientes". Según apuntó, España "gasta más bien poco", en torno al 0,6% del PIB, más de tres veces menos que países en los que la flexiseguridad está instaurada como Dinamarca, Suecia u Holanda, en los que, además, el gasto en desempleo es muy inferior.
"No es sostenible un modelo que invierte grandes cantidades de dinero público en amortiguar la destrucción de empleo o en incentivar el empleo estable, porque existe una alta tasa de temporalidad", indica el informe.
En este sentido, apuesta por "derogar las subvenciones al empleo y transferir esos recursos y medios a la intermediación laboral, la formación y la protección por desempleo". Además, aboga por "revisar la política fiscal de despidos, eximiendo sólo los procedentes y no los improcedentes" y "eliminar el subsidio de desempleo de prejubilación".
El objetivo, según Valdés, es evitar que el Estado "pague" las prejubilaciones, la protección por desempleo, parte de los despidos improcedentes, etc.
LAS ESTRATEGIAS.
En este sentido, el informe cree necesario reducir la temporalidad y dificultar los despidos improcedentes, con una indemnización por despido improcedente más gravosa en contratos temporales ilegales o aumentando las cotizaciones sociales en contratos temporales.
Y es que, según los autores, una de las claves es recuperar el concepto de despido improcedente, cuyo uso se ha masificado, y que podría resolverse con mayor flexibilidad interna de las empresas, reduciendo así el gasto del despido de forma automática.
En este punto, Valdés tildó de "simplificación grosera" la propuesta de la CEOE de abaratar el despido y la consideró un "falso debate". En su opinión, haciendo un uso razonable del despido improcedente haría que el debate sobre las indemnizaciones por despido "pasara a segundo término".
Al mismo tiempo, los autores proponen impulsar el empleo a tiempo parcial diversificándolo y potenciar la intermediación y la formación a partir de los recursos que se destinan a las subvenciones públicas al empleo y fortalecer los servicios públicos de empleo.
LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Por otro lado, aunque Lahera consideró que tanto la reforma propuesta por el Gobierno como el acuerdo sobre negociación colectiva para 2010 firmado recientemente por los agentes sociales "se puede leer en clave de flexiseguridad", aseguró que "la gran reforma pendiente es la de la negociación colectiva".
En este sentido, los autores propusieron, en primer lugar, modificar el modelo electoral de representación de los trabajadores en la empresa para adaptar los sujetos negociadores al marco empresarial.
A partir de ahí, apostaron por agilizar las reglas de negociación, con la obligatoriedad de mediación extrajudicial ante bloqueos en las negociaciones y un límite en las prórrogas de los acuerdos sobre negociación colectiva.
Asimismo, apostaron por "aumentar y facilitar" los descuelgues en cuestiones salariales y de tiempo de trabajo en el caso de los convenios sectoriales, así como implantar el modelo alemán de jornadas reducidas.
