MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos de Hacienda consideran que el retraso de la edad de jubilación por encima de los 65 años ha de establecerse con carácter voluntario e incentivado fiscalmente, al tiempo que abogan por garantizar la sostenibilidad de las pensiones mediante un sistema de financiación mixto y una recaudación más eficiente.
El colectivo rechaza la propuesta de elevar gradualmente la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027, una medida que, según ha anunciado hoy el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará incluida en el proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento el próximo 28 de enero.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda apuntan que la recomendación de la comisión parlamentaria de suscribir planes privados de pensiones, ya sean individuales o colectivos, no representa una solución realista, debido al bajo nivel salarial y a la escasa capacidad de ahorro de los españoles.
EL FRAUDE, LASTRE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS.
Frente a estas medidas "tan drásticas", Gestha propone diversas alternativas para mantener la viabilidad y sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, tales como la creación de un sistema mixto de financiación o la mejora de la eficiencia en la recaudación tributaria a través de la lucha contra las grandes bolsas de fraude.
En este sentido, los técnicos de Hacienda recomiendan modificar el actual sistema de financiación para que, además de las cotizaciones sociales, se obtengan fondos a partir de la recaudación de impuestos. A su juicio, esta medida permitiría aumentar las cuantías de las pensiones mínimas, ya que en muchos casos los perceptores se encuentran por debajo del umbral de la pobreza relativa.
Paralelamente, abogan por mejorar la eficiencia del gasto público y la reducción de la economía sumergida a fin de atajar el elevado endeudamiento en que están incurriendo las administraciones públicas incumpliendo los criterios de estabilidad presupuestaria.
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO.
Por otro lado, Gestha subraya que la revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas para 2011, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, cumple con el "mínimo exigible" para con este colectivo, aunque "deja de lado" al resto de perceptores de pensiones, quienes sufrirán una pérdida de poder adquisitivo equivalente a la subida de los precios prevista para el próximo año.
En su opinión, las reformas anunciadas echan por tierra el "gran esfuerzo" que se ha dedicado durante la última década a dignificar las pensiones de jubilación, como demuestra el hecho de que entre los años 2000 y 2009 las percepciones pasaran de 7.500 a 12.000 euros anuales, lo que supone 2.300 euros por encima de la tasa de inflación en este periodo de tiempo.
