El Ministerio espera que el estatuto reduzca la temporalidad en las administraciones por debajo del 10% en cinco años
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró hoy que el Estatuto del Empleado Público, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, garantizará la homogeneidad en el sector público y evitará que las comunidades autónomas legislen en esta materia pudiendo establecer diferencias en las condiciones de trabajo de las distintas administraciones.
Sevilla aseguró, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que Baleares ya había presentado su propio texto legislativo en el Parlamento, mientras que País Vasco, Andalucía y Extremadura tenían previsto legislar en este ámbito aunque relentizaron dicho proceso.
El ministro negó que el estatuto, que cuenta ya con el respaldo escrito de ERC, CiU y PNV, y el verbal de IU y CC, lo que supone un apoyo "más que suficiente" para que supere el trámite parlamentario, implique una invasión de competencias en este sentido y señaló que "supone el cumplimiento de un deber constitucional".
El titular de Administraciones Públicas declaró además que en el plano de las retribuciones, el estatuto establece unos mínimos comunes a todas las adminstraciones de forma que cada comunidad podrá establecer de forma autónoma retribuciones complementarias en función de sus capacidades.
MENOS TEMPORALIDAD.
Sevilla apuntó que uno de los objetivos de la nueva normativa es la disminución de la temporalidad y adelantó que el Ministerio espera "reducir a dos dígitos" dicha temporalidad en las administraciones públicas en un plazo de cinco años, aunque aseguró que la tarea será "difícil", pues es una labor que depende también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
El ministro apuntó, no obstante, que se está reduciendo "anualmente" la temporalidad, no sólo en la administración central, y que la actualidad hay abierto un proceso de oferta pública de empleo.
MÁS PROFESIONALIDAD.
Sevilla manifestó que el Estatuto de la Función Pública servirá para modernizar y profesionalizar la actividad de los trabajadores públicos. En este sentido subrayó que las capacidades y cualificación de los funcionarios no sólo serán un criterio para la incorporación a la Función Pública, sino también para el desarrollo de una carrera dentro de este ámbito.
Por otra parte, Sevilla se mostró convencido de que la aplicación del texto ayudará a que unos 2,5 millones de trabajadores estén más motivados y "remunerados en términos sociales", lo que revertirá en un beneficio para el conjunto de la ciudadanía.
Asimismo, destacó como medidas principales, la introducción por primera vez de la negociación colectiva, la definición de la figura del directivo público, que podrá ser desempeñado también por personal no funcionario, y la incorporación del código de conducta para mejorar la profesionalidad.
