También quieren premiar a los funcionarios con más pensión si prolongan su vida laboral después de los 65 años
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales están negociando con los sindicatos dar acceso a los empleados públicos a la jubilación anticipada y 'premiarles', con un aumento de su pensión, en caso de que decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 años.
Así lo afirmó hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras inaugurar, junto al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, unas jornadas organizadas por este sindicato sobre el Estatuto Básico de la Función Pública, que entrará en vigor el próximo lunes.
En concreto, Sevilla explicó que lo se pretende es trasladar a la Función Pública los acuerdos sobre jubilación anticipada y prolongación de la vida laboral alcanzados por Gobierno, sindicatos y empresarios en la reforma de la Seguridad Social.
Según consta en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social, la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de 65 años se incentivará en la totalidad de las situaciones. Así, aquellos trabajadores que se jubilen con 66 o más años verán incrementada un 2% su pensión por cada año cotizado después de los 65.
Este porcentaje será del 3% si se acreditan carreras de cotización de 40 años, y en los casos en que se supere la pensión máxima, se reconocerá el derecho a percibir anualmente una cantidad a tanto alzado, cuyo importe dependerá de los años cotizados.
Sevilla precisó que los Ministerios implicados y los sindicatos de la Función Pública aspiran a llegar a un acuerdo sobre este tema y sobre jubilación anticipada en un plazo breve de tiempo, a fin de que pueda incluirse en el trámite parlamentario del proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social, actualmente en el Congreso de los Diputados.
De esta forma, reseñó el ministro, "se levantaría la prohibición que existe en la Ley General de la Seguridad Social de que los funcionarios puedan jubilarse de manera anticipada". En concreto, lo que establece la Ley es que los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social sólo pueden acogerse a la jubilación anticipada si tienen 61 años cumplidos, 30 años de servicio, si han sido despedidos y si vienen del paro. Estos dos últimos requisitos imposibilitan en la práctica que los empleados públicos del Régimen General puedan disfrutar de la jubilación anticipada.
En cuanto a la jubilación parcial, Sevilla reconoció que existen problemas, entre ellos el coste que podría tener la misma, para aplicarla en el ámbito de la Función Pública. De momento, esta cuestión se dejará aparcada hasta que finalice el trámite parlamentario de la reforma de las pensiones. Después, el Ministerio de Administraciones Públicas seguirá analizando cómo facilitar el acceso a la misma a los empleados públicos.
EL ESTATUTO "DIGNIFICA LO PÚBLICO".
Durante su intervención en estas jornadas, Sevilla se refirió también a lo que consideró la "ley estrella" de su Ministerio en esta legislatura: el Estatuto Básico de la Función Pública. Según Sevilla, esta norma, que ha sido negociada con los sindicatos, "no es un fin en sí mismo", sino un instrumento para dignificar la Función Pública y a sus empleados. "Ése es el principal objetivo de este Estatuto", subrayó.
El Estatuto, insistió el ministro, respeta las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos, que ahora deberán desarrollar sus respectivas leyes de aplicación del mismo tomando como referencia el contenido básico que marca esta norma. "Son administraciones mayores de edad y, por tanto, hay que reconocerles ese mayoría de edad. Tenía que ser una ley básica, que dejara libertad para negociar cómo aplicarlo a cada realidad concreta", añadió.
El Estatuto mejora las condiciones laborales de los empleados públicos, cuya inmensa mayoría "trabaja mucho y muy bien", pese a que no sienten reconocido su trabajo socialmente, dijo el ministro. No obstante, los mecanismos de evaluación de desempeño a los que hace mención el Estatuto ayudarán a conocer a los ciudadanos el verdadero valor del trabajo que realizan los funcionarios.
Pese a los muchos acuerdos y normas que se han puesto en marcha en los últimos tres años, Sevilla admitió que aún queda mucho por hacer para seguir mejorando las administraciones públicas. En este sentido, y entre las cosas que aún caben hacer en lo que resta de legislatura, el ministro señaló la necesidad de "pensar" en el modelo de Administración General del Estado (AGE) que precisa la España constitucional y autonómica.
"Tenemos la AGE que nos ha quedado las transferencias, pero tenemos que buscar la que realmente necesitamos. Es una reflexión de largo alcance, pero que no debe tener mucho recorrido. O somos capaces de ponernos a la altura de los tiempos o nos arrollarán los tiempos", manifestó.
Por su parte, el secretario general la FSP-UGT, Julio Lacuerda, agradeció la actitud "audaz y resolutiva" que ha tenido el ministro para sacar adelante el Estatuto de la Función Pública, una ley, dijo, que "respeta escrupulosamente la realidad española", que consolida el derecho pleno de los empleados públicos a la negociación colectiva, y que va a reformar "la cara de las administraciones públicas".
