IU-ICV, UPyD, PNV y BNG sospechan que el Gobierno desprestigia a los funcionarios para privatizar servicios
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado en el Congreso la propuesta del PSOE de retirar la reforma laboral o al menos eliminar las disposiciones que abren la puerta al despido de trabajadores de las administraciones públicas, pues considera que esa norma es "una oportunidad de ajustar las plantillas de las administraciones públicas", sin que se obligue a despedir.
El diputado 'popular' José Alberto Martín-Toledano ha defendido el texto normativo planteado por el Gobierno y ha alegado que "no tiene sentido" plantear su retirada cuando está abierta la tramitación de la reforma laboral, por lo que ha instado al PSOE a utilizar el cauce de la presentación de enmiendas para debatir sobre este asunto.
"Tanta insistencia sólo tiene un sentido: generar miedo, desconfianza, en los empleados públicos, y eso no se lo merecen", ha dicho, recriminando a los socialistas que traten de eliminar de toda la reforma las referencias al sector público mientras en algunas administraciones que aún gobierna el PSOE ya está aplicando las medidas "sin esperar a la tramitación parlamentaria".
HAY ALTERNATIVAS AL DESPIDO
Por su parte, la socialista Meritxell Batet ha insistido en pedir al Ejecutivo que abra un proceso de negociación con los agentes sociales y que, hasta entonces, retire la reforma propuesta por el Ministerio de Empleo o que, al menos, incorporen las "alternativas al despido" de empleados públicos "con experiencia, preparación y formados por la propia administración" que propone el PSOE.
"La reforma busca sólo despedir personal laboral. Los ciudadanos van a perder derechos y prestación de servicios y los trabajadores perderán empleo", ha lamentado la diputada, preguntándose por qué el Gobierno no acepta reducciones de jornada o de salarios antes que el despido.
Además, ha reclamado análisis anuales sobre las necesidades de recursos humanos en la Administración General del Estado antes de acometer ningún proceso de reordenación de personal o convocatoria de ofertas de empleo público, así como estudios sobre las necesidades de otras administraciones públicas.
CRUCE DE ACUSACIONES
Como ya ocurrió durante la interpelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dio lugar a la moción que se ha tratado este martes, el debate en la Cámara baja se ha convertido en un cruce de acusaciones sobre las palabras del responsable gubernamental diciendo que "los ayuntamientos son oficinas de colocación y las empresas públicas son nidos de corruptelas".
"Me pregunto en cuáles estaban pensando: ¿En Correos, la EMT, el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, Salvamento y Seguridad Marítima, Adif, Aena?", ha enumerado Batet, reprochando al PP que desprestigie el sector público e intente justificar todos los "despidos" de empleados públicos alegando, como hizo Montoro, que "han sido contratados para darles un puesto de trabajo y estar de brazos cruzados".
Martín-Toledano, por su parte, ha replicado que "el Grupo Popular y el Gobierno reconocen la valía de la función pública española y de los empleados públicos", lo que a su juicio "es perfectamente compatible con tomar medidas para mejorar su eficacia". "La reforma laboral es una oportunidad de ajustar las plantillas de las administraciones públicas, pero no se obliga a ninguna a despedir", ha añadido.
Así, ha reprochado a la bancada socialista que defienda un modelo de administración pública de "enchufados" y "claramente sobredimensionado, ineficaz y muy caro", frente a la propuesta 'popular' de una función pública "profesional, altamente cualificada, independiente y eficaz".
DESPRESTIGIO DE LO PÚBLICO
Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la materia, Joan Coscubiela, ha criticado también la "contrarrevolución conservadora" de "hacer del sector público un gran negocio mediante las privatizaciones" y de "ceder poder político de las instituciones a los mercados" con la "excusa" de la crisis.
A su juicio, el camino a estos recortes en el sector público se está allanando por la vía del "desprestigio de todo lo público y lo colectivo, culpabilizando a los empleados públicos con todo tipo de tópicos" y creando una imagen de "privilegiados sociales".
Por contra, el diputado ha defendido que el sector público español "es de los más débiles y menos desarrollados" de Europa a la par que "de los más eficientes" en algunas administraciones. "El sector público no necesita adelgazar sino racionalizarse y contar con un mayor apoyo de los gobiernos", ha concluido, avanzando el voto favorable de su grupo a la moción.
En la misma línea, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila ha coincidido en que la intervención de Montoro tuvo "un nivel de desprecio bastante grande a un sector mayoritario de trabajadores" y ha calificado de "denigrantes" las palabras del ministro sobre el "estatus" de los funcionarios, lo que también se manifiesta en la propia reforma laboral. Asimismo, se ha preguntado si la "alternativa" del PP es "desvestir a un santo para vestir a otro", desmantelando el sector público para dar la gestión de esos servicios a empresas privadas, y ha mostrado su respaldo al texto.
También el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha dado la razón a Batet "en todos sus argumentos" porque el "PP está estigmatizando al empleado público de forma dolosa". Tras anunciar su apoyo a la moción, ha recordado que el Estatuto del Trabajador Público excluye a los trabajadores públicos (aunque no sean funcionarios) del ordenamiento laboral ordinario, por lo que la reforma laboral "contradice la jurisprudencia" existente en materia de despidos colectivos. "Esto es acercarnos a formas de privatización mediante la estigmatización del empleado público y abre la puerta a poder privatizar prácticamente todo", ha alertado.
RECORTAR A LOS 'AMIGANTES'
UPyD ha reivindicado por boca de la diputada Irene Lozano la figura del empleado público y ha considerado "muy preocupante que el Gobierno haya adoptado la estrategia de denigrar a aquellos grupos sociales a los que va a recortar". "Pero aquí los únicos que han reducido el sueldo a los funcionarios ha sido el PSOE. Compartimos la reivindicación pero le falta credibilidad", ha matizado.
"Ni tiene sentido que el PP diga que son nidos de corruptelas como si le hubieran caído del cielo ni tampoco que bajo la capa de la defensa del empleado público el PSOE niegue que existen redes clientelares y 'amigantes' puestos a dedo que deberían recortarse, pero con carácter global, con transparencia y con criterios claros", ha añadido.
SE PUEDE LLEGAR A ACUERDOS
Carles Campuzano, de CiU, ha compartido la moción en lo relativo a la racionalización del sector público, apostando por "generar consensos" en materias en las que todos los grupos están de acuerdo, "más allá del ruido", tales como "poner al día" la administración pública para que sea "eficiente, dinámica y moderna". "Y somos partidarios de introducir todas las medidas de flexibilidad en el empleo que eviten el despido, y la reforma laboral debe ser una oportunidad para favorecer esas fórmulas", ha zanjado.
Amaiur, por su parte, ha optado por la abstención. El diputado Sabino Cuadra ha justificado esta opción en la distinción que se hace en la moción entre funcionarios y contratados, alegando que "todos ellos tienen igualdad de derechos", y ha defendido la necesidad de reforzar las plantillas para mejorar los servicios que ofrecen, empeorados por la "constante privatización y vaciado de funciones" que se están promoviendo y que han pedido que se reviertan.
