UGT y CC.OO. piden la regulación de 6.000 trabajadores del servicio exterior de la Administración
MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más de 61.802 empleados públicos laborales verán incrementadas sus retribuciones un 19% de media hasta 2008 y el salario mínimo quedará situado en torno a los 1.000 euros, según queda recogido en el II Convenio Único firmado hoy por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y los representantes de los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y CIG, con el apoyo de ELA-STV.
El incremento medio de las retribuciones asciende al 28% si se suman ajustes como la inflación estimada, según el secretario general de la FSP-UGT de UGT, Julio Lacuerda, quien además elevó la subida al 32% en el caso de los empleados con menor remuneración.
El acuerdo, con vigencia hasta 2008, incluye además el pago de retrasos correspondientes a los años 2005 y 2006 por valor de 2.046 euros por trabajador de media, dado su caracter retroactivo, y costará al Estado 200 millones de euros.
El objetivo del convenio es mejorar las condiciones de los empleados públicos laborales (trabajadores que desempeñan tareas para el Administración sin ser funcionarios), así como simplificar y hacer más efectiva la estructura de la Administración.
Sevilla destacó, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, que con estos incrementos salariales, la Administración Pública está "liderando las tendencias que se tendrían que extender a la sociedad" y tiene "un gesto de justicia y reconocimiento a la labor de estos empleados".
Otras de las medidas tomadas en el marco del convenio, son la reducción de los grupos profesionales de ocho a cinco, así como la revisión del ámbito de la provisión de puestos para permitir una mayor movilidad y promoción.
En este sentido, con el acuerdo se crean complementos de puesto para 35.000 trabajadores, que supondrán un aumento de las retribuciones y pueden perfilar una carrera profesional que hasta ahora no ha existido. Además, adelanta ciertas medidas que se incluyen en la futura ley estatutaria del empleado público y recoge medidas en materia de conciliación laboral.
SATISFACCIÓN EN LOS SINDICATOS.
El secretario general de la FSP-UGT, Julio Lacuerda, precisó que el acuerdo firmado "es el convenio de empresa más grande del país" y guarda coherencia con el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, indicó que supone una aproximación a la racionalización de la gestión de las administraciones públicas y establece condiciones "más rigurosas y más justas" en materia de promoción y movilidad.
Asimismo, Lacuerda afirmó que aún está pendiente la negociación de las pagas extraordinarias a los empleados públicos, y aseguró que a UGT "le corre prisa" la resolución de este debate.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical CC.OO. de Andalucía, Pepe Gálvez, destacó que este nuevo convenio ayuda a establecer una forma de gestión de la Administración, basada en la negociación colectiva, que va a dotar de más eficacia a la misma. Además, mostró la "satisfacción clara" de sus sindicato ante "una remuneración más justa" y declaró que el texto firmado "impulsa para la continuidad".
El secretario general de CSI-CSIF, Enrique Fosul, apuntó la importancia de las mejoras en materia de movilidad y promoción interna, y aseguró que con el acuerdo firmado "se va consiguiendo que el empleado público laboral vaya recuperando poco a poco el poder adquisitivo perdido".
Por último, el representante del sindicato CIG, Xaime Rey, celebró el acuerdo alcanzado aunque solicitó la revisión de otras reivindicaciones sindicales pendientes como las 35 horas semanales, la revisión salarial, la equiparación laboral entre funcionarios y asalariados, e incluso "un sólo grupo de empleados públicos".
REGULACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR.
UGT y CC.OO. pidieron hoy al ministro de Administraciones Públicas que se regule la situación de 6.000 trabajadores del servicio exterior de España, quienes, según Lacuerda, "no tienen un marco de referencia apropiado a sus necesidades". Asimismo, Gálvez señaló que es "probable" llenar "el agujero negro del servicio exterior.
Sevilla replicó a los sindicatos señalando que estos trabajadores sí tienen un marco regulatorio, aunque no es el mismo para todos ya que "no es lo mismo estar en Singapur que en Nueva York", y precisó que dichos empleados no carecen de regulación o seguridad.
Por último, Sevilla mostró la intención de su gabinete de luchar contra la temporalidad en la Administración Pública y se mostró optimista en este aspecto a tenor del descenso de la misma durante los últimos dos años y medio.
Por otra parte, aseguró que aún no hay cifras orientativas sobre las condiciones salariales de los empleados públicos que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, aunque aseguró que "se podrá llegar a un acuerdo que significará una mejora de las condiciones de los empleados", pese a que "nos se distanciarán mucho de otros años".
