Afirma que el IBI del Hospital General de Ciudad Real corresponde a Castilla-La Mancha
CIUDAD REAL, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Tesorería General de la Seguridad Social ha presentado una querella contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por proceder a su embargo al considerar que sus cuentas son "inembargables" porque su finalidad es abonar las pensiones de los ciudadanos.
En este sentido, afirma que esta Corporación municipal no puede ejecutar un embargo contra la Tesorería General para resarcirse del impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al Hospital General de Ciudad Real, que es gestionado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y es, por tanto, quien debería abonar dicho impuesto.
La Seguridad Social responde así a la decisión del Ayuntamiento de Ciudad Real de proceder al embargo a la Tesorería de la Seguridad Social, ejecutado hace dos semanas, que se ha llevado a cabo para que "no prescriba" el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al Hospital General, según explicó hoy a Europa Press el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Rodríguez.
La Tesorería General explica que la controversia sobre este edificio se remonta al año 2002 cuando se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los bienes adscritos a la a la Seguridad Social (TGSS) y, "por error, el inmueble no se incluye en la relación de bienes transferidos".
"En el momento en que se materializó el traspaso el inmueble se encontraba se fase de construcción, por lo que la Comunidad Autónoma se subrogó en el contrato de obras que el Insalud ya había suscrito para la construcción del hospital, disponiendo, desde entonces, del solar sobre el que se ha edificado", detalla.
La Seguridad Social afirma que la Comunidad Autónoma se ha negado a pagar el IBI basándose en el hecho de que formalmente el inmueble no figura en la relación de transferidos, "a pesar de que recepcionó la obra en 2005". De hecho, la TGSS no pudo inscribir la obra nueva en el Registro de la Propiedad hasta el año 2009, "después de haber reclamado reiteradamente a la Comunidad el envío de la documentación preceptiva".
Desde ese momento, la Seguridad Social "ha venido tratando de subsanar el error, estando actualmente a la espera de una actuación administrativa que cancele definitivamente la omisión inicial", concluye.
