MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión Sindical Obrera (USO) consideró hoy que las medidas para el mantenimiento del empleo, la protección de las personas desempleadas y la mejora de la liquidez de las empresas aprobadas por el Consejo de Ministros son la confirmación "del fracaso del diálogo social", iniciado el pasado 29 de julio de 2008.
En un comunicado, el secretario general de USO, Julio Salazar, declaró que las medidas acordadas sin el acuerdo de los agentes sociales servirán, en el mejor de los casos, para aliviar la situación de algunos desempleados, pero no para frenar la caída del empleo.
Salazar afirmó que las medidas que establecen reducciones en las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, además de no generar empleo, sólo sirven para deteriorar aún más el sistema público de protección social y, muy especialmente, el futuro de las pensiones.
Sobre la subvención a la contratación, el secretario general indicó que no sirve para generar empleo digno, estable y con derechos, sino simplemente para cambiar un trabajador que tenía empleo por otro que no lo tenía.
En este punto, el dirigente de USO se preguntó si no sería más apropiado "financiar a empresas para que no se produzcan nuevos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), o invertir en la reactivación del consumo con ayudas a los usuarios de determinados servicios".
USO valoró positivamente la ampliación de la protección social (reposición del paro en ERE y acceso al subsidio), aunque la consideró "insuficiente", puesto que, en su opinión, debería de reponerse en caso de extinción la totalidad de la prestación consumida y garantizarse la misma mientras el trabajador esté sujeto a un ERE temporal.
Acerca de la utilización de la prestación para subvencionar la contratación, el líder sindicalista aseveró que esta medida "producirá un efecto 'boomerang' y una exclusión de acceso al empleo del colectivo de parados con escasa o sin ninguna prestación", que está compuesto por más de 1.400.000 personas.
Finalmente, USO señaló que resulta de la máxima urgencia que el Gobierno asuma la gravedad y profundidad de la situación de "quiebra" en que se encuentra el mercado laboral en España, fijando como prioridad política la lucha contra "la brutal sangría del paro".
