MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mayor parte de los grupos de la oposición han aprovechado el debate del texto alternativo presentado por la Izquierda Plural al proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial, para echar en cara el Gobierno que haya aprovechado la norma para incluir medidas relativas al mercado de trabajo que persiguen dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Si bien, la mayoría --salvó BNG, que votará a favor, y el PP, que lo hará en contra-- han mostrado su intención de abstenerse en la votación que tendrá lugar esta tarde y esperar al trámite de enmiendas parciales para tratar de corregir el la norma.
El proyecto de Ley tiene origen en un decreto aprobado el pasado mes de agosto en el que el Gobierno introdujo, además de las cuestiones relativas a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, acordadas con los grupos parlamentarios y los agentes sociales, otros asuntos tan diversos como los cánones ferroviarios, el déficit de AENA o la Sareb.
Pero además, recogió en el mismo texto cambios relativos al mercado de trabajo, como modificaciones en la negociación de los procedimientos colectivos o la reformulación de los requisitos para poder cobrar estas prestaciones si se sale al extranjero.
Así, la portavoz de Empleo del PSOE, Concha Gutiérrez, ha asegurado que el Gobierno "vuelve a las andadas, a la dureza de sus medidas contra los trabajadores". "Es una nueva vuelta de tuerca de la reforma laboral y debilita la tutela judicial de los trabajadores", ha apuntado.
Según ha señalado, el acuerdo alcanzado por los agentes sociales y grupos políticos sobre trabajo a tiempo parcial se tenía que haber preservado en una ley dedicada únicamente a ello, y se ha preguntado por qué el resto de las medidas en materia de empleo no ha sido tratadas en la mesa del diálogo social, y, en su lugar, se han introducido "por la puerta de atrás" en el texto a debate.
Gutiérrez acusado al Gobierno además de tener una "obsesión por criminalizar a los parados", de ahí que haya llevado a cabo hasta la fecha "hasta siete las modificaciones en relación con las prestaciones por desempleo, que han introducido nuevos requisitos para reducir el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo".
Por parte del Grupo Mixto, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila ha señalado que el abaratamiento de los costes laborales son lo único que parece perseguir el Gobierno con leyes como la sujeta a debate. Además, ha asegurado que el Gobierno ha aprovechado la norma para, partiendo de un texto que fue consensuado, incorporar otros elementos relacionados con la regulación, lo que evidencia su "mala fe".
En la misma línea, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha señalado que el proyecto de Ley incluye cuestiones que no tienen que ver con el empleo a tiempo parcial en una práctica que ha considerado "una forma perversa de legislar".
El diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, también ha echado en falta que se hayan incorporado otra serie de cuestiones en materia laboral, al margen de todo lo referido al trabajo a tiempo parcial, que son "un agravamiento oculto de la reforma laboral".
CiU ABRE LA PUERTA A ACUERDOS.
Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha defendido el texto alternativo presentado por su grupo, y ha señalado, en primer lugar, que el aumento del uso de la contratación a tiempo parcial se está haciendo dando lugar a prácticas de fraude.
Según ha explicado, la reforma laboral está teniendo como consecuencia la "conversión obligatoria y abusiva" de los contratos a tiempo completo por trabajos a tiempo parcial, en los que el empleado hace cada vez más horas extras.
Coscubiela ha asegurado que, a la vista de los datos detallados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la realización de horas extras no remuneradas está incrementándose en paralelo con el mayor uso de los contratos a tiempo parcial.
Por ello, ha asegurado que esta modalidad se va a convertir en "una de las principales vías de fraude empresarial" y lo ha llegado a denominar "flexifraude". Ello, además, tendrá, en su opinión, consecuencias muy negativas para los ingresos de la Seguridad Social.
Una de las alternativas que propone la Izquierda Plural se refiere al periodo mínimo de 15 años cotizados que se mantiene en el proyecto de Ley para que los trabajadores a tiempo parcial puedan acceder a una pensión, ya que lo que varía es la fórmula de cómputo del tiempo trabajado.
En su opinión, se trata de una medida es preciso "repensar con profundidad" para que una persona que haya trabajado un día menos de esos 15 años no quede sin prestación, más aún cuando el Gobierno está apostando por avanzar en la contributividad del sistema de pensiones.
Izquierda Plural también propone "recuperar el equilibrio perdido que debe haber entre las partes en toda relación laboral civilizada" y que, en su opinión, se ha perdido con la reforma laboral en favor de los empresarios.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha coincidido en que se trata de "la peor manera de legislar y de dar capacidad al Congreso de discutir a fondo las cuestiones que se pretenden resolver". Por eso, ha señalado que el debate posterior de la norma será "confuso".
Pero ha justificado su abstención por no estar de acuerdo con algunas de las aportaciones de Izquierda Plural, pero al tiempo que ha abierto la puerta a alcanzar acuerdos durante el debate de enmiendas parciales.
Por último, la portavoz del PP, Carmen Álvarez-Arenas, ha rechazado que el proyecto de Ley sea una vuelta de tuerca de la reforma laboral, y, en cambio, ha acusado a Izquierda Plural de presentar un texto alternativo para tratar de enmendarla, cuando se trata de una norma que "ya ha sido aceptada por los trabajadores y por las empresas". Más bien es un texto alternativo a la reforma laboral que al proyecto de Ley", ha añadido.
Además, ha defendido que el proyecto de Ley introduce modificaciones en materia de empleo que persiguen mayor seguridad jurídica para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. "
