MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Toda la oposición en el Congreso ha rechazado este miércoles las ofertas de transacción planteadas por el PP a la ley de reforma de las pensiones, que ha sido aprobado por la Comisión parlamentaria de Empleo con el único respaldo de los 'populares' y que ahora será enviada al Senado.
La norma prevé la introducción, a partir de 2019, de un factor de sostenibilidad que vinculará la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema. Además, a partir del año próximo, las pensiones no se revalorizarán en función del IPC, sino de un nuevo índice vinculado a los gastos e ingresos del sistema, con un suelo de subida del 0,25% y un techo del IPC más 0,25%.
Así, tras varios meses de negociaciones, el Ministerio de Empleo no ha conseguido convencer ni a los sindicatos y patronal, ni a los grupos parlamentarios, que han decidido rechazar todas las propuestas de transaccional que les ha ofrecido el PP a pocas horas del debate parlamentario al considerar que son "provocadoras" y que sólo buscan "aparentar un consenso y cercanía que no existe".
Además, han reiterado la defensa de sus enmiendas al texto, que en la mayoría de los casos pasan por proponer nuevas vías de ingresos para el sistema --cambios en las cotizaciones, unificación de regímenes de la Seguridad Social, pagar gastos administrativos con cargo a los Presupuestos Generales-- y por pedir al Ejecutivo que aparque o retire su reforma para empezar a negociar de cero, ya que no hay prisa para aprobar la normativa.
La socialista Magdalena Valerio ha acusado al PP de "abusar de su mayoría absoluta" para aprobar una reforma "sin apoyo" social, "en contra" de los intereses de los pensionistas y "pasando olímpicamente" del Pacto de Toledo. "Están metiendo el miedo en el cuerpo y generando tal alarma respecto de la sostenibilidad de las pensiones que están propiciando campañas muy potentes para vender fondos de pensiones", ha criticado, afirmando que el PSOE derogará esta ley en cuanto llegue al Gobierno.
Por eso, ha reclamado la eliminación de toda la reforma para no provocar una pérdida de poder adquisitivo a los jubilados, y empezar a negociar desde el principio propuestas de mejora de los ingresos, sin "confundir" el problema coyuntural causado por la crisis económica y la reforma laboral, con los problemas estructurales que planteará la demografía y para los cuales ya se aprobó la Ley 27/2011.
El portavoz de Empleo en la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha recordado que la titular del ramo, Fátima Báñez, ofreció un diálogo sobre la reforma para luego "ningunear" a todos los interlocutores de esta reforma. "Nos hemos sentido burlados", ha asegurado, acusando al Ejecutivo de "cerrarse en banda a cualquier modificación significativa" del proyecto y de ofrecer acuerdos "de broma" que suponen incluso "una provocación".
Además, cree que la reforma es "ideológica" para favorecer a las aseguradoras privadas, y que tiene "poco que ver con las causas" de los retos demográficos y de ineficiencia del sistema productivo --"agravada por la austeridad y la reforma laboral"--. Así, sólo se intenta "aprovechar la crisis" para recortar, provocando una pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas, en lugar de tocar los ingresos del sistema para hacer frente a los desequilibrios.
CONDENADOS A PERDER PODER ADQUISITIVO
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha explicado que se opone al texto porque "no ha sido consensuado" y porque dejará a los pensionistas "condenados a una pérdida continuada de poder adquisitivo en los años venideros". Además, ha reprochado al PP que presente transaccionales "a última hora" sobre temas de poco contenido para "aparentar un consenso y cercanía que no existe".
Así, pese a compartir la necesidad de actuar ante los retos demográficos, ha recordado que las pensiones deben ser "sostenibles, dignas y suficientes", por lo que ha pedido al Ejecutivo que retire el proyecto porque "hay tiempo" para llegar a acuerdos sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que tal y como está diseñado provocará una pérdida de poder adquisitivo por la falta de simetría entre los topes de subida y porque no se plantean cambios en los ingresos ("no subiendo los impuestos sino reordenando gastos") pese al aumento del número de jubilados que se producirá.
Para Carles Campuzano, de CiU, la "pereza mental" de la mayoría absoluta del PP ha llevado a una "tramitación inaudita" de un asunto que en los últimos 20 años siempre había contado con acuerdo de los interlocutores sociales y se había aprobado con un consenso político amplio. "La voluntad de diálogo de la ministra ha sido sólo una expresión retórica y las transaccionales ofrecidas son anecdóticas", ha dicho, deseando que un próximo gobierno de otro color "rectifique" esta ley.
Además, ve "deshonesto" justificar esta reforma por causas demográficas que se darán en el medio plazo cuando el sistema está en mejor situación financiera que hace 20 años y que los problemas coyunturales se deben al paro. Por eso, considera "injusto" el factor de sostenibilidad y "oscuro" y "arbitrario" el índice de revalorización, que no garantizará el poder adquisitivo y que supone un cambio de modelo. "Los pensionistas lo van a pasar mal", ha avisado.
SON UNOS "COBARDES"
Por el PNV, Emilio Olabarria, cree que el procedimiento de aprobación de la reforma "raya la atrofia democrática" por sus "déficits reglamentarios y de legitimidad", y les ha acusado de "cobardes" por afectar a un colectivo "vulnerable, cautivo del presupuesto público e invertebrado" con una reforma que vulnera la Constitución porque no garantiza pensiones públicas, suficientes y universales.
Además, ha reprochado que se rompa el Pacto de Toledo, recordando que "ningún interlocutor ha validado" este proyecto y que "se ha prescindido de la opinión de los grupos". "Hemos hecho propuestas que no se focalizaran sólo sobre el recorte y no hemos sido escuchados, sólo muy a última hora con unas propuestas de transacción que no son en absoluto aceptables", ha añadido, acusando al Gobierno de generar "pánico" en los pensionistas para "desviar ahorro" a fondos privados.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha lamentado que se "desligue la reforma del consenso que ha regulado siempre el Pacto de Toledo" y ha acusado al PP de "romper su compromiso electoral" de no tocar las pensiones, que "hoy certifican su defunción". Sabino Cuadra (Amaiur) dice que "todo el buitrerío" de los seguros privados está ya "revoloteando" en torno al "importante botín" de la "privatización" de parte del sistema, lo que deja "muy claro a favor de quién se hace la reforma".
EL PP OFRECE UN TECHO DEL IPC MÁS 0,5%
La 'popular' Carolina España ha valorado la decena de enmiendas transaccionales ofrecidas, que "beneficiarían a los ciudadanos" y que, entre otras cosas, pasaban por elevar el techo de revalorización al IPC más el 0,5% o estudiar cómo liberar recursos de la Seguridad Social.
"Me ha producido sorpresa y tristeza que no las acepten", ha dicho, destacando el "esfuerzo" del PP por acercarse a la oposición y acusando a los portavoces de tener "nula capacidad de diálogo". "Y así es muy difícil llegar a acuerdos", ha añadido, instándoles a ser "valientes" y "dejar a un lado los intereses partidistas".
Además, ha criticado que se "genere alarma social" pese a que la reforma es "garantía de que todos los pensionistas, hoy y mañana, cobrarán una pensión pública que subirá siempre, incluso en los peores momentos de crisis".
"Se fortalece el modelo para que sea sostenible y autofinanciable", ha dicho, apuntando a los socialistas como los principales 'lobbistas' de las aseguradoras y acusándoles de estar dispuestos a volver a congelar las pensiones si hace falta.
