Advierten de que las medidas de afloramiento excluyen a los trabajadores domésticos, a las mujeres y a los extranjeros irregulares
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
UGT y CC.OO. siguen rechazando el plan para aflorar el empleo oculto que el Gobierno quiere aprobar este mismo viernes, al considerar que se "centra" en los empresarios y genera un "déficit" de la protección social de los trabajadores, al tiempo que han lamentado la puesta en marcha de estas medidas "con tantas prisas".
En el borrador de alegaciones que los sindicatos le han remitido al Ejecutivo tras el último intercambio de propuestas, que consta de 16 páginas, observan "contradicciones" en los objetivos "perseguidos" por el plan y echan en falta mecanismos de seguimiento para evaluar los efectos de éste.
UGT y CC.OO. critican en el inicio del documento que la intención del Gobierno no era negociar las medidas para atajar el empleo en negro, sino que decidió abrir un "proceso de consultas" que culmina hoy mismo, y echan en falta que el plan se vea acompañado de un control de las condiciones de trabajo y de la precarización del empleo.
Así pues, mantienen que el decreto que prepara el Ejecutivo conserva un "evidente desequilibrio", al no contemplar una participación "activa" por parte de los trabajadores. "El borrador deja a los trabajadores en total dependencia del empleador que, con la promesa de un contrato, puede evitar la denuncia y reclamación por otras infracciones", subrayan en alusión a que no se exige al empresario un compromiso de que deba mantener el puesto de trabajo aflorado.
En cuanto a la retroacción de las altas hasta el 31 de enero de este año, insisten en que el periodo de reconocimiento del trabajador oculto "queda en manos" de los empleadores, a lo que se refieren para denunciar un "déficit" de la protección social.
EMPLEO DOMÉSTICO Y EXTRANJEROS.
Pero los sindicatos no se quedan ahí. Y avisan de que el plan que prepara el Gobierno "excluye" al empleo doméstico, tanto en los supuestos en los que el empresario está obligado al alta en la Seguridad Social, como cuando esta labor corresponde al trabajador. Por ello, creen que el colectivo que más riego corre de quedarse al margen del plan sea el de las mujeres.
Los sindicatos consideran además que los trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular tampoco se podrían acoger a las nuevas medidas para destapar el empleo 'B', con independencia del tiempo efectivo que han estado desempeñando un empleo.
Así, indican que es "preciso" que el Ejecutivo asegure la compatibilidad del nuevo decreto con la normativa vigente de extranjería, con el fin de extendiese sus efectos a trabajadores extranjeros irregulares.
Por otro lado, los sindicatos echan en falta en la documentación remitida por el Gobierno que se contemple una mayor dotación de recursos humanos y materiales, que posibilite el desarrollo de las actuaciones previstas.
En concreto, demandan que "es preciso dotar de mayores recursos humanos y competencias a las plantillas de inspectores y subinspectores, tando del Ministerio de Trabajo como del de Economía".
EL CAMINO A SEGUIR, SEGÚN LOS SINDICATOS.
Al margen de las críticas a los borradores trasladados por el Gobierno, los sindicatos aportan una serie de líneas maestras que, a su juicio, debería seguir el plan de empleo sumergido y que se centran en un primer diagnóstico de la situación y en la apuesta por el empleo de calidad.
En primer lugar señalan que no se puede implementar un plan sin establecer claramente qué es el empleo sumergido, ya que éste concepto es entendido de diferentes formas a ojos de la OCDE o de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, las alegaciones remarcan que el decreto del Gobierno "no establece qué empleo quiere aflorar con estas medidas, ni lo define ni lo cuantifica". En este sentido, sería necesario, a su juicio, un primer diagnóstico del problema y una evaluación de las actuaciones deseplegadas en los últimos años.
A partir de ahí, los sindicatos piden un plan que sea integral y que contemple medidas administrativas, fiscales, laborales e informativas, entre otras, al tiempo que adopte actuaciones específicas para los sectores y colectivos más afectados y tenga una dimensión territorial.
Por otro lado, consideran que ha de ser "multidimensional", más allá del componente disuasorio o sancionador, esto es, que tenga en cuenta además dimensiones como la prevención, la inclusión de los trabajadores o la formación.
Asimismo, las centrales demandan más coordinación entre las administraciones y las instituciones responsables del empleo, en especial, entre la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
En cuanto a su desarrollo temporal, consideran que el plan debe incluir medidas a corto y medio plazo que faciliten a los trabajadores que trabajan 'en negro' puedan solucionar su situación, y otras a largo plazo que avancen hacia un empleo de más calidad.
