Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, durante el Encuentro de Alto Nivel de Control Externo e Independencia 'Control externo e independencia', en la Fundación Ortega-Marañon, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará el próximo martes, 9 de junio, en el Congreso el informe de la Cuenta General del Estado de 2024, en el que detectó que el Gobierno tuvo que recurrir a casi 2.400 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de un proyecto actualizado de Presupuestos.
La presentación tendrá lugar ante la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, según consta en el orden del día de la sesión, al que ha accedido Europa Press.
En ese informe de la Cuenta General del Estado de 2024 el organismo fiscalizador puso en evidencia varias "salvedades o incidencias" que el organismo insta a corregir, una de ellas fue el uso en noviembre de 2024 de 2.389,4 millones de créditos sobrantes de fondos europeos para el pago de pensiones.
POR PRIMERA VEZ SE EMITIÓ UN VOTO PARTICULAR
Esta actuación del Gobierno provocó las críticas del organismo, que por primera vez aprobó una Declaración de la Cuenta General con un voto particular en contra de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Hubo otros votos particulares de seis consejeros, pero en su caso concurrentes explicativos, es decir a favor pero con matices.
Las críticas de la institución fiscalizadora se basaba en que la actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos "que deberían haber quedado mejor justificados", al entender que existe "incertidumbre" sobre la aplicabilidad en 2024 de las limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.
El informe de fiscalización encendió las alarmas en la oposición y el PP, que considera la prórroga de los Presupuestos como una "anomalía democrática" y lanzó una ofensiva parlamentaria para que Enriqueta Chicano compareciera de urgencia en el Parlamento por este asunto.
La argucia del PP no surtió el efecto deseado, pues los de Alberto Núñez Feijóo pretendían que la comparecencia de Chicano fuera el 21 de mayo, cuando había convocada una reunión de la comisión mixta, y finalmente se realizará casi tres semanas más tarde.
Eso sí, los 'populares' ya han avisado que sopesan la idea de votar en contra de la Cuenta General del Estado cuando llegue al Pleno del Congreso y el Senado, lo que podría suponer la primera vez que se tumba dicha Declaración.
CHICANO DIJO QUE NO SE HABÍA DESVIADO DINERO
Aunque ese 21 de mayo finalmente no se incluyó en el orden del día el asunto de la Cuenta General el PP usó sus turnos de intervención para pedirle cuentas a la presidenta, que finalmente acabó hablando del tema pero para dejar claro que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar "ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social" como pueden ser pensiones.
"Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social", dijo la presidenta Chicano, quien también recordó que la propia Comisión Europea desde Bruselas "no ha cuestionado el uso legal" de las ayudas comunitarias.
"El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran", zanjó la máxima representante del organismo fiscalizador, que finalmente informará sobre la cuestión el próximo martes.
Una vez que el informe de fiscalización se presente, los grupos podrán presentar propuestas de resolución que se debatirán y votarán tanto en la Comisión Mixta, donde PP y Vox cuentan con mayoría absoluta, como en los Plenos del Congreso y del Senado. Hasta ahora las Cortes han respaldado la Cuenta General del Estado todos los años, pero esta vez corre el riesgo de ser rechazada, lo que obligaría al Tribunal a repetir el trabajo.