MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley de Transparencia de las Relaciones Financieras entre las Administraciones Públicas y las Empresas Públicas y de Transparencia Financiera de Determinadas Empresas, con la incorporación de cambios puntuales procedentes del Senado.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, transpone a la normativa española dos directivas comunitarias de 26 de julio de 2000 y de 28 de noviembre de 2005 relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre los estados miembros, las empresas públicas y determinadas empresas.
Una de las propuestas de la Cámara Alta a las que el Congreso dio luz verde responde al contenido de la exposición de motivos de la Ley, según explicó la diputada socialista Elisenda Malaret, quien agregó que "durante la tramitación de la ley se ha publicado la versión codificada de las directivas que están en el origen del proyecto".
TRANSPARENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO.
Además, afirmó que otras dos enmiendas adicionales "explicitan las relaciones de transparencia que el derecho comunitario exige"."Ninguno de estos cambios afectan al contenido de la Ley", aseguró la portavoz del PSOE.
La norma aprobada supone que se regulen obligaciones específicas de información que deben dar determinadas empresas, siempre y cuando alcancen un tamaño determinado. Así, las empresas públicas, vinculadas a cualesquiera de las administraciones públicas, deberán informar sobre la puesta a disposición de fondos por parte de los poderes públicos, su motivación y utilización efectiva, así como los objetivos perseguidos en su otorgamiento.
Por su parte, las empresas a las que las administraciones públicas hayan concedido derechos especiales o exclusivos, o confiado la gestión de un servicio de interés económico general, y realicen además otras actividades distintas de las citadas, deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y costes correspondientes a cada actividad y los métodos de asignación e imputación empleados.
INTERVENCIONES PÚBLICAS.
En la misma línea, las empresas públicas que desarrollen su actividad principal en el sector manufacturero, tendrán que informar específicamente sobre cualquier tipo de intervención pública, así como dar información detallada de las transacciones realizadas con otras empresas del grupo o con otros grupos de empresas públicas.
La Ley ya había incorporado en el Congreso una enmienda del PSOE "de carácter técnico orientada a evitar la invasión de pequeñas competencias" autonómicas en algunos aspectos de la nueva norma.
Según el Gobierno, esta ley ayudará a evitar "abusos de posición dominante" por determinadas empresas ligadas a los poderes públicos, y a controlar las relaciones financieras entre estas empresas y las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local.
