Economía/Gasolinas.- Las acusados del 'fraude de las gasolineras' ratifican las penas pactadas por sus abogados

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 35 acusados por el denominado 'fraude de las gasolineras' ratificaron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las penas pactadas el pasado miércoles por sus abogados con el fiscal y los acusadores -hasta un año de prisión para cada imputado, pago de multas de distinta cuantía y comiso de 2,1 millones de euros por las cantidades defraudadas-, informó a Europa Press un portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), organismo que ejerció la acción popular.

El acuerdo ratificado por los propios condenados, que recogerá una sentencia prevista para el mes de mayo, se basa en las conclusiones definitivas del fiscal. En él se establecen penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores.

Igualmente, se impone el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, del que responderán solidariamente los imputados, responsables de las estaciones de servicio defraudadoras o encargados de su mantenimiento.

La OCU, que calificó de "excelente noticia" la consecución del acuerdo, destapó en enero de 1998 la manipulación de surtidores en estaciones de servicio de Madrid y Castilla-La Mancha para servir menos combustible del que el usuario pagaba, en su mayoría pertenecientes al grupo Villanueva.

La organización manifestó su "satisfacción" por el resultado final de este proceso judicial, ya que los autores de los delitos, además de cumplir las penas correspondientes, tendrán que hacer frente al pago de una indemnización, cuyo importe ha solicitado la organización de consumidores que sea destinado a la prevención de nuevos fraudes en materia de consumo. Para ello, la organización propuso la creación de un fondo gestionado por la Administración en coordinación con la propia OCU.

LARGO PROCESO JUDICIAL.

En enero de 1998 la OCU presentó una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando el entonces presunto 'fraude de las gasolineras'. Días más tarde la Policía Judicial detectó en 3 estaciones de servicio indicios de un mecanismo fraudulento y el 17 de enero el juez cerró las gasolineras y abrió la causa.

Tras una primera fase de instrucción, el caso pasó a la Audiencia Provincial de Madrid. Posteriormente, los acusados solicitaron que el juicio se realizara en la Audiencia Nacional, justificando la competencia de ese tribunal basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes a diferentes regiones españolas-, y en el hecho de que el presunto fraude fuera cometido en estaciones de servicio de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete).

Según la OCU, la asunción del caso por la Audiencia Nacional permitió a los acusados "ganar tiempo", a pesar de que "empeoró su situación". De hecho, en octubre de 2002, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el número de acusados de 35 a 39 y acordó incrementar su fianza.

Finalmente, los abogados de los imputados aceptaron que sus clientes se reconocieran culpables y las penas propuestas en las conclusiones definitivas del fiscal.