MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales podrán intervenir en defensa de los consumidores en situación de inferioridad frente a las empresas o entidades de crédito fuera del ámbito penal. Ésta es una de las novedades incluidas en el Anteproyecto de Ley de Defensa de los Consumidores de Créditos y Préstamos, cuyo contenido ha analizado el Ministerio Fiscal en un informe hecho público hoy.
De este modo, apunta el informe, se pone fin a la "obligada pasividad" de la Fiscalía, ya que podrá personarse de forma voluntaria en los procesos civiles, contenciosos y sociales en defensa de los consumidores sin estar sujeta a la autorización legal dependiente hasta ahora de las peticiones externas.
El nuevo texto supone para el Ministerio Fiscal un "eslabón más" en la protección de los consumidores y regula la "necesaria" comunicación del inicio de los procesos por parte de la autoridad judicial al Ministerio Fiscal para que éste valore si se persona o no en los mismos.
Este informe será remitido próximamente al Ministerio de Justicia antes de su trámite en las Cortes Generales, previsto para después del verano. La nueva Ley unificará los requisitos que han de cumplir productos financieros como el crédito al consumo, crédito hipotecario e intermediación en la reunificación de deudas, de forma que sus requisitos sean similares sea cual sea la entidad que los presta, una entidad de crédito o cualquier otra empresa.
La Fiscalía concluye en su informe que los consumidores se encuentran en "inferioridad de condiciones" frente a las empresas y entidades de crédito. Esta inferioridad se debe a una "desigualdad real" en la relación jurídica entre empresa y consumidor, a la "escasa entidad económica individual", que provoca que el afectado rehuya de la reclamación al ser más costosa que el perjuicio sufrido, y a la "creciente internacionalización" de las relaciones de consumo.
