MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia de Madrid no recurrirá la sentencia que condenó a cuatro meses de prisión a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el delito de estafa procesal en el caso de la carta falsa utilizada en 2003 para conseguir una revisión de su condena por el 'caso Urbanor', según confirmaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press.
El fiscal del caso, Lorenzo Bernal, ha presentado un escrito de recurso de aclaración ante el Tribunal Supremo respecto a la sanción monetaria impuesta a los empresarios, pero no recurrirá la condena impuesta a pesar de que no presentó acusación contra ellos en el juicio oral al considerar que fueron "víctimas de un engaño".
La sentencia, dictada el pasado 23 de octubre, también condenó a los empresarios a pagar 400 euros de multa al día durante 16 meses por acusación y denuncia falsa, lo que suponen cerca de 200.000 euros.
El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los abogados de 'los Albertos' Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, imputados por falsedad en documento privado, estafa procesal y denuncia falsa. El fiscal tampoco pedía su condena.
El tribunal condenó también a la documentalista Gloria Álvarez y a los hermanos José María y Francisco Arnáiz del Barco a 16 meses de cárcel por falsedad documental al considerarlos autores de la falsificación de la carta. Ninguno de ellos ha anunciado todavía su intención de recurrir, según confirmaron fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.
Por su parte, la acusación particular del socio minoritario de Urbanor, Pedro Sentieri, presentó su anuncio de recurso de en el que solicitarán al Supremo que condené también a 'los Albertos' por falsedad documental. Por su parte, la acusación particular del constructor Julio San Martín anunció que no recurrirá el fallo.
La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por Sentieri y dirigida a San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a éste para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' un mes después que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO.
El juez instructor del caso acusaba a 'los Albertos' y a sus abogados de tratar de engañar a la Justicia aportando la carta falsa en el recurso de revisión presentado ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de 14 de marzo de 2003 por la que les condenó a tres años y cuatro meses de cárcel por el 'caso Urbanor'. El Tribunal Constitucional anuló esta sentencia el 20 de febrero de 2008 por prescripción, doctrina que acogió posteriormente el Alto Tribunal
