El dinero que le confiaron los empleados lo desvió a fines distintos del encomendando, que era reflotar la compañía
VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El que fuera gerente de la empresa Filsa, Jesús A.M., quien en 1995 convenció a medio centenar de trabajadores para que cada uno de ellos le entregara un millón de las antiguas pesetas, hasta recaudar un total de 50 millones (300.000 euros), con el supuesto propósito de reflotar la mercantil, dada la grave situación económica por la que atravesaba, reconoció hoy ante la Audiencia de Valladolid, doce años después, que cometió un delito de estafa sobre los empleados al haber destinado dichos fondos a fines distintos del realmente encomendado.
Fue la sorprendente confesión realizada por el acusado durante la primera sesión del juicio que, en principio, estaba previsto se desarrollara hasta este próximo jueves en la Audiencia Provincial y que, ante lo ocurrido, llevó al fiscal y resto de partes personadas en la causa a renunciar a practicar la extensa prueba testifical y pericial programada y a solicitar al presidente de la Sala que pospusiera para mañana martes el trámite de exposición de las conclusiones definitivas, al objeto de tener tiempo suficiente para preparar sus alegatos.
El acusado, además de negarse a testificar, se mostró disconforme con las penas de 3 años de cárcel que, por un lado, solicita el Ministerio Fiscal contra su persona y las de 6 años de privación de libertad, la máxima estipulada, que piden las acusaciones particulares. Los acusadores solicitan igualmente que el encausado indemnice a cada uno de los cincuenta trabajadores estafados o sus herederos, ya que alguno ha fallecido, en la cantidad de 6.010,12 euros, junto con los intereses devengados desde la fecha de la comisión de la estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Pese a haber reconocido su culpa, el letrado defensor persistió en su idea de solicitar una sentencia absolutoria y, alternativamente, una pena mínima de seis meses de reclusión mayor por delito de estafa (artículo 528 del C.P. de 1973), al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del proceso.
"ESTO NO ACABA AQUÍ"
Tras la breve sesión, que apenas duró unos minutos, los letrados de la acusación particular se reunieron en los pasillos de la Audiencia vallisoletana con parte de sus clientes a quienes dieron cuenta de lo ocurrido y advirtieron de que la confesión de los hechos por parte del acusado no cierra definitivamente el proceso.
"¡Esto no acaba aquí, queda todavía sacarle la pasta, pero con la tenacidad que habéis demostrado hasta ahora estoy seguro de que lo vamos a conseguir!", se felicitó uno de los letrados de la acusación particular, quien también destacó que el doble objetivo que desde hace casi doce años perseguían los afectados se ha conseguido, "sentar en el banquillo al acusado y lograr su condena", algo que dada su confesión es más que previsible.
Los acusadores particulares aprovecharon también para denunciar la excesiva dilación del proceso y responsabilizaron de ello tanto al Juzgado de Instrucción número 5, en concreto a su ex titular, Ángel Redondo, ya jubilado, y a las trabas puestas por el BBV a la hora de facilitar la documentación solicitada.
En el primer caso, el entonces juez titular de Instrucción 5 acordó sobreseer la causa el 23 de octubre de 1998, si bien los recursos de apelación interpuestos por las acusaciones lograron que la Audiencia vallisoletana reabriera la misma y ordenara al instructor seguir con la investigación al estimar que los hechos revestían indicios de criminalidad.
Los hechos, que finalmente quedarán mañana martes vistos para sentencia, se iniciaron a primeros de 1995 cuando el acusado, quien por aquel entonces era gerente y consejero del Grupo Filsa S.A, compuesto además por Ingeniería Industrial Filsa S.A. y Mantenimiento Industrial Filsa S.A, comenzó a solicitar a todos sus empleados la cantidad de un millón de las antiguas pesetas con la aparente intención de reflotar las tres empresas.
A cambio, el gerente prometió a los trabajadores que entraran en la operación garantizar sus puestos de trabajo durante cinco años, así como convertirles en accionistas del Grupo y reintegrarles mensualmente durante el citado periodo el millón de pesetas aportado y sus intereses.
La totalidad de la plantilla, ante tales promesas, desembolsó finalmente 50 millones de las antiguas pesetas, para lo que algunos trabajadores tuvieron que solicitar un préstamo a través de la sucursal que el BBV posee en la calle Santiago.
Sin embargo, los 50 millones entregados al acusado para reflotar la empresa no se destinaron a dicho fin sino a cubrir la morosidad, tapando todos los "agujeros" del grupo, y evitar que alguno de sus acreedores, entre ellos el BBV, procediera contra él.
