MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid tendrá que decidir a partir de ahora qué sucede con el aval de 1.000 millones de euros depositado por Endesa ante este juzgado como condición para proceder a la suspensión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press.
De esta manera, el Mercantil determinará los posibles daños y perjuicios derivados de la paralización judicial mediante una pieza de suspensión específica que se tramitará por separado cuando se resuelva la causa que paralizó la OPA de Gas Natural por la existencia de un presunto pacto colusorio entre Endesa e Iberdrola.
Por el momento, el proceso está pendiente de resolver los escritos del recusación presentados por Gas Natural e Iberdrola contra la juez Miriam Iglesias que se ocupa de la demanda y que paralizaron el comienzo del juicio oral el pasado mes de diciembre.
El Tribunal Supremo consideró 'razonable' atenerse a la caución por este importe depositada por la eléctrica ante el Mercantil cuando aceptó el recurso interpuesto por Endesa contra el acuerdo del Gobierno que autorizaba la OPA de la gasista.
El Pleno de la Sala Tercera del Alto Tribunal archivó hoy dicho recurso presentado por Endesa en febrero de 2006 por "falta de objeto" tras estudiar las alegaciones de Gas Natural y del Gobierno que pedían su sobreseimiento al considerar que carecía de sentido continuar con el procedimiento tras la aceptación de la oferta de E.ON.
En abril de 2006, el Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la autorización del Consejo de Ministros a la OPA presentada por Gas Natural. Esta oferta de la empresa catalana ya estaba paralizada previamente por decisión del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid por el pacto de reparto de activos con Iberdrola.
El Alto Tribunal levantó la suspensión el pasado mes de enero tras la petición de Endesa motivada por la aceptación, en noviembre, de la OPA presentada por E.ON.
En febrero de 2006, el Consejo de Ministros autorizó la OPA de Gas Natural sobre Endesa con veinte condiciones, entre ellas la venta de una serie de activos. Endesa recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo, quien determinó la adopción de medidas cautelares con la imposición del aval de 1.000 millones tal y como había determinado el Juzgado de lo Mercantil.
