MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Los abogados y presidentes de 25 asociaciones de afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, en representación de 50.000 perjudicados, presentarán mañana de forma conjunta la reclamación patrimonial al Estado ante el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda.
Esta acción administrativa, promovida por la Federación de Afectados Filatélicos de España (FAF), pretende determinar la responsabilidad concurrente de las administraciones y está dirigida contra el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Banco de España, la Agencia Tributaria y todas las comunidades autónomas.
Según explicó el secretario de la FAF, Antonio Corredoira, en declaraciones a Europa Press, esta iniciativa se ha promovido al entender que existe una "responsabilidad del Estado". La ausencia de una solución política, ahora que se cumple el primer aniversario de la intervención judicial, ha llevado a estos afectados a dirigir sus esfuerzos jurídicos hacia un Estado "negligente desde el año 1979 por la falta del desarrollo legislativo y la falta de control de las empresas de bienes tangibles".
Las administraciones tienen un plazo de seis meses, ampliable a otros seis más, para resolver esta petición. En caso de respuesta negativa o de silencio, que también se entendería como rechazo, se recurriría a la vía contencioso administrativa solicitando la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
DEVOLUCIÓN DE TODA LA INVERISÓN
La reclamación patrimonial de estos 50.000 afectados solicita la devolución de todas las cantidades invertidas, así como las plusvalías pactadas en los contratos hasta la fecha de la intervención.
A estas cantidades totales se les "descontaría" posteriormente, explicó Corredoira, las que resulten de la depuración de responsabilidades penales en los dos procesos que se están siguiendo contra los dirigentes de las dos filatélicas en la Audiencia Nacional, que se sufragarían con las cantidades intervenidas a los presuntos culpables, así como de las cantidades que resulten de los dos procesos concursales que tramitan los juzgados mercantiles y que están encaminados a la liquidación de las empresas.
Entre las diferentes asociaciones de afectados por la presunta estafa filatélica existen divergencias acerca de la reclamación patrimonial del Estado. Los contrarios a éstos consideran que debe ser el proceso penal que se sigue en lo Juzgados de Instrucción numero 1 y 5 de la Audiencia Nacional el que determine la responsabilidad de las administraciones en la presunta estafa.
Por el momento, dentro de las diligencias de instrucción no se ha requerido la declaración de ningún representante de las administraciones ya que las investigaciones se centran en los directivos de las compañías.
Según explicó a Europa Press el abogado Manuel Fernández Vilches, representante de 5.000 afectados, para presentar esta reclamación se ha tenido en cuenta la "prejudicialidad penal" basada en que los presuntos delitos de estafa que se atribuyen a estas dos empresas "han estado permitidos durante 25 años por el mal hacer de los entes públicos". Un responsabilidad que, a pesar de estar "bastante determinada" en los hechos relatados en el informe de la administración concursal, deberá de determinarla un juez, apuntó.
Los abogados de estas 25 asociaciones decidieron presentar la reclamación patrimonial en una reunión que tuvo lugar el pasado 30 de marzo al considerar que los afectados "no podían correr el riesgo" de que los jueces determinen, al final del proceso penal, que los hechos estuvieron causados "con tanta anterioridad" que no existe dicha prejudicialidad al juzgar a los directivos de la empresa y no de la administración pública, explicó Fernández Vilches.
VÍA NEGOCIACIÓN POLÍTICA
La FAF está integrada dentro de la Coordinadora Española de Afectados de Filatelia (CEAFA), representa a 144.000 afectados, encargada de las movilizaciones y las negociaciones con los partidos políticos. Según explicó Corredoira, la vía de la negociación con los diferentes partidos políticos "sigue abierta", en caso de que el Gobierno la aceptara podrían renunciar "a ciertas cosas", explicó.
La Ceafa mantiene diálogo directo con las formaciones parlamentarias del Partido Popular, CiU, ERC, IU y PNV y espera que cuando el Congreso debata la nueva Ley de Bienes Tangibles se incluya en una enmienda que "solucione los problemas de los actuales afectados". El secretario de la AFA calificó de "limosna" la línea de créditos ICO a interés cero presentada por la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega el pasado día 20 de abril.
