MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Entre un 40% y un 45% de las empresas españolas soportan retrasos en los pagos por parte de las Administraciones Públicas, según indica Intrum Justitia Ibérica, quien considera así "positivo" el instrumento de pago a proveedores aprobado por el Gobierno.
"Es importante resolver la situación actual de morosidad del sector público y la falta de liquidez de las empresas, pero de forma estructural apoyamos el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que incluye intereses de demora y costes de indemnización", indica en un comunicado el presidente de firma en España, Luis Salvaterra.
El presidente de Intrum Justitia Ibérica subrayó que, además, los plazos de pago de la Administración no solo no han disminuido, sino que "se mantienen al alza desde 2009". Según sus datos, actualmente paga sus facturas en una media de 153 días, frente a la media europea de 65 días.
La entidad recuerda que la Ley de Morosidad establece para las Administraciones Públicas un plazo de pago de 45 días en 2012, que debe reducirse a 30 días a partir del 1 de enero de 2013, además de priorizar las facturas de pymes y autónomos.
