MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los delitos fiscales descubiertos por la Agencia Tributaria descendieron un 47% en la última década por la limitación de competencias para investigarlos, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En 2014 la Agencia tramitó 391 expedientes de denuncia por esta causa, frente a los 740 expedientes de 2004 y muy lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011.
Para los técnicos, uno de los principales motivos de este desplome es la limitación de competencias para investigar delitos, pues de acuerdo a una resolución interna de la Agencia, dejan de tener control sobre los casos de especial "dificultad sobrevenida", es decir, cuando el técnico descubre una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal.
Según Gestha, en la práctica esta "literatura fiscal" se traduce en que el expediente pasa a manos de un cargo superior que no ha formado parte de la investigación, con el consiguiente retraso de los procesos y el riego de prescripción de los expedientes.
Actualmente, la Agencia Tributaria ordena realizar sólo investigaciones parciales de un hecho puntual, lo que dificulta el descubrimiento de fraudes superiores a 120.000 euros, la cantidad mínima que configura el delito fiscal.
Por otro lado, la amnistía fiscal de 2012 ha permitido que una parte de aquellos 31.000 contribuyentes que temían incurrir en delito fiscal pudiesen regularizar su situación pagando un 10% del capital aflorado, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "estos datos evidencian una vez más cómo la Agencia Tributaria en lugar de centrar sus investigaciones contra el fraude más complejo y sofisticado de las grandes empresas y fortunas, prefiere investigar las irregularidades y fraudes más fáciles de descubrir cometidos por autónomos, pymes y particulares".
LA DEUDA PENDIENTE DE COBRO
Por otro lado, Gestha se refiere también a la deuda tributaria pendiente de cobro, que alcanzó los 52.000 millones el año pasado, más del doble que hace diez años. Esto, a su parecer, evidencia la escasa eficacia de la recaudación ejecutiva, la elevada litigiosidad -cifrada en 10.607 millones- y el reducido número de funcionarios que se encargan de la recaudación fiscal. De hecho, de cada tres euros de la deuda pendiente de cobro se ingresa solo uno, sostiene.
En este sentido, considera que el Ministerio de Hacienda debería eliminar aquellas normas internas que impidan la imparcialidad administrativa o la reacción frente a una injerencia política o económica. "Algo que se conseguiría devolviendo a los Técnicos de Hacienda la dirección y el control de los expedientes", asegura.
