MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, advirtió hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que las medidas de ajuste anunciadas para reducir el déficit merecen una contestación "masiva" de los trabajadores y la ciudadanía, aunque no quiso concretar de momento en qué forma se producirá esta respuesta.
"No descarto ningún escenario, la ciudadanía tiene que expresar la máxima sanción social a estas medidas de recorte y nosotros tenemos que canalizar este rechazo y tratar de impedir por todos los medios que se provoque una lesión en los intereses básicos de los trabajadores", aseguró Toxo, quien prefirió esperar al Consejo de Ministros del día 21 y a la decisión de la directiva del sindicato para tomar las decisiones oportunas.
En rueda de prensa, el líder sindical subrayó que el "injusto y antieconómico" plan de ajuste del Ejecutivo llega en el "peor momento" para el diálogo social y avisó en este sentido que supone un "punto de inflexión" en la relación entre los sindicatos y el Gobierno.
"El comportamiento de los sindicatos ha sido y está siendo impecable con los tiempos de la crisis y seguirá siendo así, pero con el anuncio de hoy se produce un punto de inflexión" alertó al Ejecutivo.
"El plan está construido de manera inadecuada y supone un golpe para el crecimiento necesario de la economía", afirmó Fernández Toxo, quien pidió al Gobierno que aclare el escenario en el que quiere que se produzca el diálogo social, teniendo en cuenta que ahora introduce "elementos de distorsión" cuando el acuerdo estaba al alcance de los negociadores.
El secretario general de CC.OO. afirmó que, una vez conocidas las nuevas medidas para reducir el déficit, telefoneó a Rodríguez Zapatero para expresarle el rechazo de los trabajadores, y confió en que en los próximos días se produzca un encuentro formal entre el Gobierno y las fuerzas sindicales ante la relevancia de los hechos.
MEDIDAS "INJUSTAS Y ANTIECONÓMICAS".
El máximo responsable de CC.OO. calificó de "injustas y antieconómicas" las medidas para la reducción del déficit público y acusó a la CE de "arrodillarse" ante los mismos mercados financieros y "los sectores económicos que han provocado la crisis, y al Gobierno de hacer suyo un discurso "que lleva al empobrecimiento de la sociedad".
"No compartimos ni las medidas ni la orientación de las mismas, que abundan en las decisiones ya tomadas en el plan de austeridad, y existen vías alternativas para ajustar las cuentas públicas. Es una iniciativa que se construye sobre el gasto y no sobre los ingresos, y es el momento para lograr una gran acuerdo que mueva piezas como la fiscalidad y el sistema financiero para dotar de más recursos a las administraciones públicas", argumentó.
Una de las principales críticas del dirigente sindicalista se centra en el potencial incremento del desempleo que, según el sindicato, provocará esta medida.
"Se reducirá de la circulación más de 6.000 millones de euros en salarios y pensiones, potenciales generadores de consumo privado, algo que generará la destrucción de tejido productivo y el aumento del desempleo", prosiguió.
EFECTOS EN EL DIÁLOGO SOCIAL.
En cuanto al diálogo tripartito entre agentes sociales y Ejecutivo, el líder sindicalista también mostró su descontento con la oportunidad del anuncio del presidente del Estado y adelantó que "no dejará de tener efectos en el diálogo social", al tiempo que manifestó que ahora es el Gobierno el que tiene que "aclarar el escenario si quiere que se llegue a algún acuerdo", ya que los representantes sindicales se atendrán "al guión establecido".
Aunque reconoció que su sindicato no da por finiquitado el diálogo y "seguirá buscando acuerdos útiles", recriminó a Zapatero que el nuevo escenario "dificulta mucho la negociación".
"La construcción de acuerdos descansa sobre elementos financieros y si no se tiene esta base difícilmente se pondrán sustentar medidas eficaces para generar empleo" argumentó, al tiempo que recordó que para la conversión de contratos temporales en empleo estable en 2006 se emplearon más de 1.300 millones de euros, algo que consideró incompatible con el plan de ajuste.
