BRUSELAS, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea autorizó hoy a Italia a otorgar ayudas a las empresas del país transalpino que se enfrentan a problemas de liquidez por la crisis económica en forma de tipos de interés reducidos para préstamos contratados antes del 31 de diciembre de 2010.
Las ayudas del Gobierno italiano y de las autoridades regionales o locales italianas se podrán conceder por un tiempo limitado de dos años y sólo se podrán otorgar a las empresas que no se encontraran ya en dificultades financieras antes del 1 de julio de 2008, de acuerdo con las nuevas condiciones fijadas por el Ejecutivo comunitario para dar mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de otorgar ayudas estatales para contribuir a superar la crisis económica y financiera global.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, explicó en un comunicado que las ayudas italianas "están dirigidas a mejorar la liquidez de las compañías afectadas por la actual crisis económica sin causar distorsiones indebidas para la competencia".
A juicio de la comisaria "una reducción significativa en los costes de los préstamos puede ser una manera eficaz de alentar la inversión empresarial y la recuperación económica".
La Comisión Europea ya autorizó la semana pasada a Italia a conceder ayudas estatales temporales de hasta 500.000 euros por empresa en créditos blandos durante los próximos dos años para ayudarles a hacer frente a la crisis económica y la escasez de liquidez y también aprobó un segundo paquete de ayudas en forma de avales propuesto por Italia.
Gracias a dicha autorización del Ejecutivo comunitario, Italia podrá otorgar en 2009 y 2010 ayudas en forma de créditos blandos de hasta 500.000 euros a empresas con problemas para acceder a préstamos por la escasez de liquidez, siempre y cuando las empresas no se encontraran ya en dificultades financieras a la altura del 1 de junio de 2008.
Igualmente, Bruselas autorizó a Italia a aumentar, hasta el 2010, el umbral anual de inversión máximo de cinco esquemas públicos de inversión de capital de riesgo de 1,5 millones a 2,5 millones de euros para facilitar el acceso al capital de riesgo de las pequeñas y medianas empresas y permitió reducir del 50 al 30% la participación privada mínima.
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