Critica la proliferación de fundaciones en un "proceso de huida" de los controles sobre contratación, personal y gestión económica
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades autónomas y sus empresas públicas acumulaban a principios de 2012 una deuda conjunta de 147.982 millones de euros, tras aumentar las mayor parte de las administraciones regionales su endeudamiento financiero en los años 2010 y 2011 y presentar la mayor parte de las empresas públicas autonómicas cuentas deficitarias de manera "recurrente".
Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe Global del sector público autonómico' de los ejercicios 2010 y 2011, que ya ha sido remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que el endeudamiento de las comunidades autónomas ascendía a 70.762 millones de euros a principios de 2010, y cerró el ejercicio 2011 con un saldo deudor de 119.961 millones de euros, tras incrementarse un 37,9% y un 22,9% en los dos ejercicios consecutivos.
DISCREPANCIAS CONTABLES
En particular, en el año 2010 el País Vasco vio aumentar su deuda en un 110%, Cantabria en un 68% y Extremadura en un 60,8%, mientras que en el ejercicio siguiente los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad de Madrid (+61,3%), Murcia (+39,3%) y Cantabria (+37,5%).
Así, Cataluña acumula el mayor endeudamiento, con 35.671 millones de euros a finales de 2011, seguida por Andalucía (13.898 millones) y la Comunidad Valenciana (14.168 millones de euros) a finales del año 2011.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de que en las cuentas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia se observan diferencias entre el saldo final de los pasivos financieros registrados en 2009 y el inicial de 2010, por un importe total de 181,5 millones de euros; mientras que en 2011 esa diferencia ascendió a 984 millones por los desajustes en las cuentas gallegas.
Por otra parte, el importe agregado de los deudores de las comunidades autónomas sumaba 18.511 millones de euros a finales de 2010 y 18.718,85 millones a finales del siguiente ejercicio, si bien también en este caso se notan discrepancias entre los saldos finales del año 2009 con los iniciales de 2010, un desajuste que se subsanó entre 2010 y 2011.
EMPRESAS PÚBLICAS
Con respecto a las empresas públicas, el organismo fiscalizador advierte de que a finales de 2011 acumulaban unas pérdidas agregadas de 6.024 millones de euros, tras aumentar un 79% respecto de los 3.362 millones de números rojos con los que cerraron las cuentas un año antes.
En particular, destacaron las pérdidas de las empresas murcianas, que alcanzaron los 2.157 millones de euros como consecuencia fundamentalmente de las pérdidas del Servicio Murciano de Salud, gestionado a través de una entidad empresarial. Además, las empresas públicas de la Comunidad de Madrid cerraron 2011 con unas pérdidas de 2.049 millones y las de la Comunidad Valenciana, con 845,15 millones en negativo.
De hecho, las pérdidas del sector empresarial autonómico son incluso superiores si se descuentan las subvenciones públicas. Así, el año 2010 cerró con un balance negativo de 7.550 millones y el ejercicio siguiente, de 16.366,6 millones de euros. Y es que entre 2010 y 2011 las subvenciones públicas a las empresas autonómicas se incrementaron un 146,5%, con los casos destacados de Cataluña (+38,8%) y Andalucía (+27,4).
Esto supone que las actividades ordinarias de estas entidades son "deficitarias" y tienen que ser "financiadas con subvenciones y ayudas públicas", que junto con los ingresos por realización de trabajos --"en muchos casos por encargo de las propias administraciones autonómicas"--, son su principal fuente de financiación.
Además, advierte el informe, los datos agregados de resultados, subvenciones y deuda de las empresas públicas que se recogen en sus cuentas anuales "no coinciden con los que figuran" en los informes de fiscalización de las propias comunidades autónomas.
REVISAR LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL PÚBLICA
En estas circunstancias, el Tribunal de Cuentas señala que en algunas comunidades se tiende a sustituir o complementar la financiación mediante subvenciones a través del recurso a las ampliaciones de capital o aportaciones de los socios al fondo social y mediante autorizaciones de endeudamiento "avaladas por las respectivas administraciones autonómicas, lo que en el futuro podría incrementar aún más la deuda de los propios gobierno regionales.
Y todo a pesar de que algunas de las empresas existentes tienen objetos sociales "coincidentes parcialmente con el de otras de nueva creación o con el de empresas que carecen de actividad, por lo que el organismo cree que "queda sin justificación la necesidad de la creación o permanencia" de muchos de estos entes.
Así, si a la "situación deficitaria recurrente" se suman estos solapamientos entre objetivos de las diferentes empresas públicas, el organismo fiscalizador considera que "aconsejable revisar y hacer un análisis de oportunidad de mantener estas inversiones societarias de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía en el empleo de recursos públicos".
Y es que esta forma de gestión ha llevado a que el endeudamiento financiero total de las empresas públicas se elevara a 28.021 millones de euros a finales de 2011, tras elevarse un 20% desde el año 2008 con un pico de incremento del 44% entre 2009 y 2010. Una circunstancia que fue "especialmente importante" en Cataluña, que en esos dos ejercicios incrementó su endeudamiento un 120%.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también critica que la mayor parte de los informes del sector empresarial público no incluyen datos sobre el personal, mientras que los que sí lo hacen "se limitan a indicar el número de empleados y/o el incremento interanual de puestos y el gasto total en personal".
Pese a ello, el organismo a detectado "incumplimientos" en los requisitos legales para la selección y contratación de trabajadores, sobre todo en relación con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
FUNDACIONES PÚBLICAS
Por último, el informe recoge datos relativos a las fundaciones públicas autonómicas, cuyo número se mantuvo estable entre 2010 y 2011, con apenas una veintena menos. Entre las 390 existentes a finales de 2011 sumaban un endeudamiento con las entidades financieras de 107,68 millones de euros.
También en este caso las cuentas de explotación eran negativas antes de subvenciones corrientes, con lo que el déficit de este subsector se elevaba a 106,9 millones de euros a finales de 2011 con unas subvenciones públicas de 862,25 millones provenientes fundamentalmente de las comunidades autónomas.
El Tribunal de Cuentas es muy duro en su valoración de las fundaciones públicas, cuyo número se ha "incrementado" en los últimos años, al igual que otros "entes instrumentales para la consecución de los más variados fines de interés general", en línea con el "argumento justificativo de lograr una mayor eficacia en la gestión pública".
"Dentro del generalizado proceso de huida del Derecho Administrativo, especialmente en los procesos de contratación, discrecionalidad en las políticas de personal y relajación de los controles económicos, que pueden ser las causas últimas de la proliferación de estas entidades, se han utilizado diversas fórmulas jurídico-privadas de gestión, entre las cuales se encuentran las fundaciones del sector público", reprocha.
