ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de los Colegios de Economistas de España, Valentí Pich, pidió hoy en Elche (Alicante) que Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos "hagan un ejercicio de responsabilidad y no penalicen a las empresas con problemas económicos puntuales que piden un aplazamiento de sus pagos a Hacienda, la Seguridad Social, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) u otras cargas administrativas", según informó hoy la entidad en un comunicado.
Durante la celebración del Foro Concursal de Profesionales organizado por el Colegio de Economistas de Alicante, Pich detalló que, en la actualidad, "una empresa que pide un aplazamiento" de los pagos, "además de múltiples requisitos, debe pagar un recargo del 5 por ciento", algo que, según dijo, "no parece lógico si lo que se pretende es ayudar a las empresas que son viables".
Además, los economistas solicitaron que la inminente reforma de la Ley Concursal que estudia el Ministerio de Justicia "acorte los plazos judiciales de los concursos de acreedores, para que el deterioro de los activos de las empresas que se someten a estos procedimientos judiciales sea menor".
Más de 250 expertos asistieron hoy al encuentro para debatir cuestiones de actualidad sobre la aplicación de la Ley Concursal, que regula los procedimientos judiciales creados para encontrar una salida viable para las empresas en crisis o para solucionar de manera ordenada su liquidación y el cobro de las deudas por los acreedores.
Una ley que, según apuntó el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, "ha funcionado bastante bien pero la experiencia de los últimos años nos dice que puede mejorar en determinados aspectos, por ejemplo algunos plazos del concurso de acreedores, que deberían ser más cortos".
Otra de las cuestiones planteadas fue la necesidad de conferir más poder de decisión a los administradores concursales para determinar en la primera fase del concurso si una empresa es o no viable, "así sería más fácil reflotar las empresas viables y liquidar las que no lo son antes de que se deteriore su situación", añadió el vocal de la Junta de Gobierno y miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Antonio Rodríguez.
En la actualidad, un procedimiento concursal tarda entre dos y tres años en resolverse, con la consiguiente pérdida de activos de la empresa en este tiempo. Respecto a los sectores afectados por la crisis, los economistas señalaron que "tras los estragos causados en el sector de la construcción e inmobiliarias, ahora los problemas están tocando a las industrias y empresas de servicios".
Otro de los asuntos derivados de la crisis "es el enorme 'stock' de viviendas que tienen ahora las entidades financieras", y esta situación "está creando disfunciones en el mercado inmobiliario porque las entidades dan financiación para quienes quieren comprar una de sus casas y ponen trabas a los que quieren comprar a las promotoras", indicaron los expertos.
