LONDRES, 3 Feb. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Eva Martínez Millán) -
Los sindicatos británicos exigieron hoy al Gobierno que endurezca la normativa que regula la contratación de trabajadores extranjeros, después de que las protestas convocadas en la industria energética por el reclutamiento de mano de obra en el extranjero se hayan extendido por todo el país y amenacen con ampliarse a otros sectores como el de la construccción.
La raíz del problema radica en el temor de los ciudadanos por el futuro laboral, cuando la tasa de paro alcanza ya el 6,1% y son cerca de dos millones las personas que se encuentran sin empleo. Una preocupación que el propio primer ministro, Gordon Brown, dijo "entender", pero subrayó que la cadena de huelgas promovida a raíz del paro en la tercera refinería de las islas es "contraproducente".
La polémica se desencadenó a raíz de la concesión de una nueva planta en la factoría de Lindsey a una empresa italiana que aportó su propio personal, compuesto por italianos y portugueses, si bien las partes han retomado hoy las negociaciones tras el primer contacto de ayer para desbloquear una situación en la que la empresa, la francesa Total, ha insistido en que no discrimina a los ciudadanos británicos.
Sin embargo, los trabajadores continúan con las protestas en las que han apelado a la reacción del Gobierno con las propias palabras de Brown, a quien recuerdan la consigna capital 'trabajos británicos para los trabajadores británicos', reivindicada por él mismo en el Congreso anual Laborista de 2007, tres meses después de mudarse al número 10 de Downing Street.
El mandatario ve así cómo sus recientes apelaciones a la comunidad internacional para evitar el proteccionismo como reacción a la crisis económica encuentran contestación en la política doméstica con demandas que exigen garantías para la fuerza de trabajo interna y atacan el concepto de una Unión Europea sin fronteras económicas y basada en el liberalismo.
CAMBIOS NORMATIVOS
Así, los sindicatos han reprobado la aplicación de la normativa comunitaria que rige sobre los empleados desplazados y algunos como GMB, que representa a 600.000 trabajadores, ha pedido al Gobierno que "asuma el consejo de la Eurocámara y presione a la Comisión Europea para que corrija esta interpretación".
Esta ley, aprobada en 1996, no cubre a los profesionales de un país de la UE que van a trabajar a otro como empleados, sino formando parte de una externalización de servicios para un trabajo concreto. El Gobierno británico, por entonces conservador, fue el único que en Bruselas votó en contra del texto en base a la consideración de que los términos incluidos dañaba a las compañías de las islas y dificultaría el crecimiento del mercado interno.
Además, la situación se agrava para Brown debido al papel fundamental que los sindicatos representan en el aparato laborista, en el que gozan del tercio de una influencia que podrían dirigir en contra del mandatario, de nuevo en caída en los sondeos tras los indicios de recuperación que llegó a protagonizar en el último trimestre de 2008 por su gestión de la crisis económica.
PAROS "CONTRAPRODUCENTES"
Pese a ello, ante la cadena de apoyos que la huelga de la planta de Lindsey ha ido sumando, el primer ministro advirtió de que "una huelga no oficial es una manera contraproducente de resolver problemas que pueden ser, de hecho, resueltos a partir de la discusión y la negociación", como la que hoy tiene lugar en la ciudad de Grimsby entre la dirección de Total, los sindicatos y el principal contratador, Jacobs, con la supervisión de la mediadora laboral ACAS, encargada por el Gobierno.
No obstante, la cadena de huelgas continúa ganando apoyos desde el pasado viernes en convocatorias controladas por importantes dispositivos de las fuerzas de seguridad que, según los participantes, recuerdan a los conflictos laborales de la década de los 70, durante la que los trabajadores británicos protestaron reiteradamente en las calles para resolver las disputas contractuales.
Por su parte, la compañía Total insiste en el que, además de "reconocer las preocupaciones de los empleados, nunca ha habido, ni nunca habrá, la política de discriminar a las compañías británicas o a sus trabajadores", una declaración que ha contado con el visto bueno del Gobierno.
