CiU lleva a la Mesa del Congreso la disputa con los socialistas, a los que acusa de "machacar" a pymes y autónomos
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, denunció hoy públicamente lo que considera una "jugarreta malintencionada y perniciosa" por parte del Gobierno y del PSOE para "anular" el contenido de su proposición de ley presentada por su formación para reformar la ley de Morosidad para que no eclipse a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible (LES) que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defenderá mañana ante el Pleno.
En rueda de prensa, el diputado catalán reiteró que las enmiendas parciales que los socialistas han presentado a la proposición de ley, cuya tramitación aprobó el Congreso por unanimidad el pasado mes de julio, "suprimen la totalidad del articulado de la misma", reduciéndola a dos mandatos dirigidos al Gobierno "sin contenido legislativo".
Sánchez Llibre arremetió contra lo que considera una "falta de sensibilidad absoluta" y un ejercicio de filibusterismo político que va a "acabar de machacar a muchísimas pymes y obligarlas a cerrar". En este sentido, señaló que su iniciativa podría aprobarse en febrero de 2010, mientras que la aplicación de la LES se retrasaría hasta el 2011, con el consiguiente daño para empresas y autónomos.
Por este motivo, llevó a la Junta de Portavoces de esta mañana la petición de que las enmiendas del PSOE fueran consideradas como enmiendas de totalidad al texto y, por lo tanto, debatidas en el Pleno del próximo jueves. Sin embargo, esta petición fue desestimada y remitida a la Mesa de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. "No es materia de la Junta de Portavoces", explicó posteriormente el representante de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares.
EL PSOE DEFIENDE SU "DERECHO PARLAMENTARIO"
Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, defendió que su formación tiene el "derecho parlamentario" de presentar las propuestas de modificación que considere oportunas, y que éstas no constituyen una enmienda de totalidad. "No hay más misterio", apuntó.
En concreto, las enmiendas socialistas piden la eliminación de todos los artículos del texto salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad.
La estrategia del PSOE dejaría manos libres al Ejecutivo para diseñar su propia estrategia de lucha contra la morosidad sin que ésta se vea condicionada por un texto legislativo propuesto por un grupo parlamentario que va en la misma línea, como ya ocurrió con la Ley de Fomento del Alquiler que regula el 'desahucio exprés' y que el Gobierno se vio obligado a pactar precisamente con CiU a través de un texto en el que se refundieron el documento de los nacionalistas y el proyecto de ley del Gobierno.
10.500 MILLONES DE AHORRO
La proposición de ley de CiU plantea, al igual que la LES, un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó en su momento como una "vacuna esencial" para acabar con "el enemigo número uno de las pymes".
De esta forma, el texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo "transitorio" de adaptación de 45 días durante 2010.
Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
