MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado este martes, con los votos del PP y UPyD, el proyecto de ley de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que modifica el régimen jurídico de este fondo tras la conclusión de su última fase y la decisión de no aprobar nuevas etapas.
Los 'populares' y la formación magenta han sido los únicos que han respaldado la normativa, a la que sólo se han incorporado las enmiendas del PP y que ahora pasará a tramitarse en el Senado.
La Izquierda Plural ha participado en el debate pero no en la votación, mientras que el PSOE y CiU han optado por la abstención al no incluirse en el texto ninguna de sus enmiendas, con las que reclamaban al Gobierno que no imponga nuevas condiciones a los ayuntamientos que quieran beneficiarse de las nuevas condiciones de devolución de los préstamos.
El portavoz del PP de Administraciones Públicas, Juan José Matarí, ha defendido que este proyecto de ley sirve para "simplificar" el régimen jurídico del fondo y ha negado que exista "ninguna polémica" sobre las nuevas condiciones de devolución de los créditos, subrayando que hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) valora "muy positivamente" la "mejora".
En este punto, ha recordado que fue la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la que impuso las condiciones iniciales, que "no eran en ningún caso abusivas", y que por tanto le corresponde a ella también ahora modificarlas, sin necesidad por tanto de que queden recogidas en una norma de rango legal.
"APOYO PERMANENTE" AL MUNDO LOCAL.
"Las nuevas condiciones no son ni caprichosas ni onerosas. Van en la línea del apoyo permanente prestado por el Gobierno a la Administración local y que, junto con el esfuerzo impresionante de las corporaciones locales, ha permitido que entre 2011 y 2013 hayan pasado del 0,39% de déficit al 0,41% de superávit, manteniendo al mismo tiempo los servicios públicos esenciales", ha defendido Matarí.
En concreto, las comunidades autónomas que se acojan a la revisión de condiciones verán reducido en 140 puntos básicos el tipo de interés del crédito, mientras que las corporaciones locales podrán elegir entre tres opciones: en primer lugar, ampliar el periodo de amortización de 10 a 20 años y el plazo de carencia de 2 a 4 años, a la vez que reducir su tipo de interés unos 41 puntos básicos, eso a cambio de un nuevo plan de ajuste.
En segundo lugar, ver ampliado un año el periodo de carencia, mantener el de amortización y reducir el tipo en 131 puntos básicos; y como tercera opción, reducir el tipo de interés en unos 140 puntos básicos.
A cambio de estas dos posibilidades, los ayuntamientos tendrían que adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y a la plataforma Emprende en 3, sustituir de forma inmediata al menos un 30% de la vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, y elaborar un informe de evaluación de sus normas incompatibles con la unidad de mercado.
Además, todas estas entidades verán controlado el ahorro que se genere y su destino deberá limitarse en 2014 y 2015 a la reducción de la deuda viva y del periodo medio de pago a proveedores, garantizando que no se incurra en déficit.
"NO BUSQUEN PROBLEMAS DONDE NO LOS HAY".
"Son condiciones que buscan una mayor eficiencia en la gestión administrativa y que mejorarán la eficacia y la transparencia en la gestión sin gasto alguno", ha asegurado el diputado del PP, recordando que los nuevos planes de ajuste a 20 años que se exigirán a los ayuntamientos con una situación financiera negativa "valorarán las medidas ya adoptadas que tengan efectos en los próximos años".
"Así que no intenten buscar problemas donde no los hay ni convertir en negativo algo que es muy positivo para ayuntamientos y comunidades autónomas", ha concluido, criticando que los socialistas "no fueron capaces de encontrar la solución al problema de la morosidad" y causaron el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que hay "ventajas" en el cambio jurídico del fondo, que tiene "pocos o ningún inconveniente", aunque sí considera que la revisión de las condiciones de los préstamos debería venir acompañada por condiciones "con rango legal", tanto para los ayuntamientos como para las comunidades autónomas. "Hay que evitar el peligro de que los problemas del pasado reaparezcan en el futuro", ha dicho.
REVISIÓN SIEMPRE QUE SE PUEDA.
La socialista Patricia Blanquer, por su parte, tampoco se ha opuesto al cambio legal 'per se' aunque cree que la revisión de las condiciones de devolución de los créditos del plan de pago a proveedores "no puede quedar sujeta a arbitrariedades" ni ser "aprovechado para imponer obligaciones que nada tienen que ver".
"Como las plataformas --de entrada de facturas electrónicas o Emprende en 3-- no son un éxito hay que conseguir que lo sean vía imposición, lo que siempre perjudica a los ayuntamientos de menor tamaño. La imposición de condiciones administrativas adicionales demuestra el fracaso inicial de determinadas plataformas impulsadas por el Gobierno y a las que los ayuntamientos no se han acogido voluntariamente", ha señalado.
Por eso, los socialistas reclaman que no se imponga ningún requisito adicional por acogerse a los cambios de condiciones y que cualquier mejora de financiación del Tesoro a largo plazo repercuta automáticamente también en cualquiera de las variables de estos créditos.
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto también ha señalado que no deben imponerse nuevas condiciones a los ayuntamientos, cuyos ingresos se han visto "muy lastrados" por la crisis, lo que pone en riesgo la prestación de servicios básicos. "Queremos garantizar un desahogo mayor a los ayuntamientos para que puedan seguir prestando sus servicios y no deban incrementar los recortes", ha añadido, justificando así su enmienda.
BENEFICIOS ÍNTEGROS PARA LOS AYUNTAMIENTOS.
En la misma línea, Toni Picó, de CiU, cree que "no es de recibo imponer obligaciones administrativas a las administraciones que quieren acogerse a la revisión de condiciones financieras" porque los ahorros derivados de esa revisión tendrían que "revertir íntegramente en ayuntamientos y comunidades".
"Resulta un sin sentido obligar a las administraciones locales a tomar medidas administrativas que supondrán un coste para poder acogerse a un ahorro financiero, además de q esas condiciones generales vulneran la autonomía de las administraciones locales. Por eso queremos incluir en el texto una nueva disposición que exime a las administraciones territoriales de esa obligación de adoptar medidas complementarias si se acogen a la mejora de condiciones de financiación", ha defendido.
Además, ha acusado al Ejecutivo de "respetar la autonomía de las administraciones territoriales en las leyes para luego vulnerarla en su desarrollo a través de su capacidad de presión" y ha puesto como ejemplo el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de adhesión voluntaria según la normativa pero obligatoria para poder mejorar las condiciones de los préstamos de proveedores.
