Los sindicatos piden paros en las ventas de lotería a modo de protesta
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos y las asociaciones de administraciones de loterías denunciaron hoy que el Gobierno, a través de las disposiciones adicionales 32 y 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010, intenta realizar una privatización de las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que podría destruir 12.000 puestos de trabajo dependientes directamente de las mismas.
En un acto conjunto, CC.OO. y UGT, y las patronales del sector Apla, Anapal y Fenapal criticaron la disposición adicional 34, por entender que plantea unas medidas "irreversibles hacia una privatización encubierta", al contemplar que cualquier entidad jurídica, mediante contratos privados, pueda comercializar juegos del Estado.
Del mismo modo, los agentes sociales se opusieron a la disposición 32, alegando que supone la detracción a partir de 2010 de un 2% de los 2.900 millones de euros (58 millones de euros) que actualmente percibe el Tesoro por los juegos de Estado.
Según el presidente del centro de investigación en juegos Foro Alea, Francisco García, los diferentes estudios económicos demuestran que los gastos actuales de LAE son "perfectamente reducibles", razón por la que consideró "inexplicable" un aumento de 58 millones de euros a partir del próximo año.
Por ello, tanto unos como otros creyeron imprescindible retirar ambas disposiciones, de modo que se abra un proceso de diálogo social que aborde la modernización legislativa y económica de los juegos del Estado, con la creación de una Ley de Juegos Públicos.
Presidente de Anapal, Manuel Izquierdo, recordó que más de 4.000 administraciones aportaron en 2008 cerca del 87% de los ingresos de LAE, y puntualizó que el juego público supone el 40% del mercado total del juego, que posee en su conjunto una facturación anual de 30.000 millones de euros.
LOS SINDICATOS NO DESCARTAN MANIFESTACIONES.
Por su parte, el representante de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.), Domingo Alonso, advirtió de que "nadie renuncia a que haya movilizaciones", mientras que el secretario sectorial de juego de UGT, Miguel Ángel Rodríguez, reivindicó que la presión "deben de hacerla los administradores".
En este sentido, Rodríguez indicó que la "única medida" para ello es un cierre de administraciones, ante una situación en la que "el diálogo es nulo".
En similares términos se pronunció el presidente de Anapal, quien puso de manifiesto el deterioro de las relaciones entre la Administración Pública y el resto de agentes sociales, al asegurar que el Gobierno "sólo ha ofrecido palabras, ningún documento escrito sobre el que trabajar".
DOS AÑOS DE ADAPTACIÓN.
Precisamente hoy, según el acuerdo alcanzado por PP y CiU y aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuestos del Congreso, los propietarios de las administraciones de lotería tendrán un plazo de dos años para "adaptarse" a las modificaciones del régimen jurídico de comercialización recogidas en los Presupuestos Generales.
Asimismo, la reforma legal sobre la industria de las loterías y apuestas tendrá en cuenta los "derechos adquiridos" por las administraciones, si bien el texto no especifica si se respetarán las condiciones de las concesiones actuales, como planteaba inicialmente el PP.
Los grupos parlamentarios PP y CiU, más UPyD, integrada en el Grupo Mixto de la Cámara, habían presentado enmiendas al proyecto de ley para modificar las disposiciones adicionales 32 y 34 del texto.
