El secretario general insta a recuperar el diálogo social y pide a la CEOE "coherencia" para negociar los 1.500 convenios bloqueados
VALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy que "los retos que se derivan de la crisis económica y los que tiene nuestro país más allá de la crisis, exigen que aumente la presión fiscal" que se debe "equiparar a la media europea". En este aspecto, consideró que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la primera cuantificación de lo que supondrá la subida de impuestos --que se situará en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)-- "ha dado un paso, pero se va a quedar corto".
Méndez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció, junto al secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, con motivo de la inauguración de la escuela de verano del sindicato, a la que también asistió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Según dijo, el sistema impositivo representa "una de las reformas que se debe acometer" ya que "España vive por encima de sus posibilidades si no equipara la presión fiscal a los promedios, que son superiores, de los países de la vieja Europa a los que nos queremos equiparar" y, además, apuntó que a partir de 2013 España pasará de recibir recursos de los contribuyentes de otros países de la Unión Europea a ser "aportador neto".
En cuanto a la subida de impuestos del 1,5 por ciento del PIB anunciada hoy en el Congreso de Diputados, explicó que si el Gobierno estima que necesita 30.000 millones de euros adicionales para "satisfacer los objetivos que pretende cumplir en lo referente, por ejemplo, al desarrollo de la ley de la economía sostenible, mantener la protección social o el cambio de modelo productivo; y el montante que se extrae de la subida que se ha planteado hoy es de 15.000 millones de euros, creo que se ha quedado corto".
A su juicio, "hay que recuperar el principio de que quien más tiene, que más pague" y criticó que las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (Sicav) permiten "una evasión legal de ingresos fiscales que el Gobierno, además, necesita". Así, instó a "analizar" esta figura societaria puesto que, según explicó, en ella "se refugian personas con gran capacidad económica y, mediante un subterfugio que permite la legislación, se benefician de unos impuestos del 1 por ciento".
El representante sindical agradeció también la intervención de Rodríguez Zapatero en el Congreso y apuntó que "ha estado muy firme en su compromiso de mantener la prestación social". Por el contrario, instó a "los que dicen que lo más eficaz para la lucha contra la crisis es reducir impuestos y recortar gastos, a que digan cuáles son las recetas concretas para ello", puesto que, a su juicio, "llevaría más sufrimiento y sacrificio y un agravamiento de la crisis".
DIÁLOGO SOCIAL
Por otro lado, el secretario general de UGT consideró "muy importante recuperar, junto a los representantes empresariales y a las administraciones, el proceso de diálogo social para combatir con eficacia la crisis económica y marcar la senda que apunte al cambio del modelo productivo".
No obstante, matizó que "para hacer un análisis certero de lo ocurrido" se debe "desterrar una falsedad del debate", que concretó en "reconocer que en España es muy fácil y barato despedir" a trabajadores. A esto añadió que es "uno de los países de Europa con los salarios más bajos y los beneficios de empresas más altos" y que "en épocas de crecimiento económico se crea empleo con facilidad pero en crisis proliferan los despidos, que se convierten en la variable de ajuste".
Por ello, concluyó que "se necesita una reforma empresarial, más que laboral", y que las compañías no basen el "eje del equilibrio" de la situación económica en los despidos sino en la "flexibilidad interna", con la mejora de la productividad y el aumento de la competitividad a través de las nuevas tecnologías y la cualificación de los trabajadores.
Para llegar a este punto, apeló a las negociaciones en los convenios colectivos y pidió un "esfuerzo de coherencia" a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) porque "se niega a cumplir convenios ya firmados y tiene bloqueados 1.500 convenios colectivos en España que deberían estar firmados y afectan a cuatro millones de trabajadores".
Preguntado por la posibilidad de una congelación salarial de los funcionarios, se mostró "en contra", aunque puntualizó que "en un horizonte plurianual" hasta el final de la legislatura, se puede "trabajar en un escenario de mantenimiento del poder adquisitivo", con cláusula de revisión.
En este aspecto, también pidió un acuerdo para la elaboración del Estatuto de la Función Pública y que se recorte la temporalidad, que --aseguró-- se encuentra en una tasa del 24,9 por ciento, "casi igual que en el ámbito privado, donde representa el 25,3 por ciento".
