BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, José Montilla, se reunió ayer con la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y con el responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, para hablar sobre Endesa, según confirmaron hoy los portavoces de ambos comisarios.
Junto con Montilla acudieron a Bruselas el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y el director de la oficina económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.
Estas fuentes explicaron que con el desplazamiento a Bruselas de representantes de Industria, Economía y Presidencia, el Gobierno español quiere dejar constancia de la unidad de criterio que mantiene sobre la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por el grupo alemán E.ON sobre Endesa.
Las reuniones se celebraron en secreto. No figuraban en la agenda semanal de la Comisión ni fueron anunciadas previamente como ocurre cada vez que un ministro o jefe de Gobierno visita a algún comisario. Tampoco se celebró ningún contacto con la prensa, al contrario de lo que es habitual, y los portavoces no revelaron detalles de la reunión.
El portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, ni siquiera quiso mencionar ninguno de los temas de discusión. Se limitó a explicar que la reunión con McCreevy se celebró en una "buena atmósfera" y que "no discutieron sobre el tiempo".
Por su parte, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, sí que dijo que Kroes y Montilla "hablaron de Endesa". "Escuchamos cuidadosamente lo que tenía que decirnos y esperamos que él haya escuchado cuidadosamente lo que le nosotros dijimos. No puedo decir nada más", afirmó.
LA POSTURA DEL GOBIERNO ESPAÑOL.
Otras fuentes conocedoras de los encuentros indicaron a Europa Press que los representantes del Gobierno español reiteraron a los comisarios Kroes y McCreevy la postura que mantiene España sobre la OPA del grupo alemán y la inminencia de una decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la operación, y defendieron que España tiene el mismo derecho que Alemania para proteger y reforzar sus sectores estratégicos, como el energético.
El Gobierno alemán apoyó, en contra del dictamen de las autoridades antimonopolísticas alemanas, la fusión entre E.ON y Rhurgas al considerar que la protección de la seguridad de suministro es una "función de Estado", y esgrimió la necesidad de que Alemania cuente con "un operador internacional en el sector energético con implantación en el territorio nacional y que pueda estara la altura de competidores que operen a nivel mundial".
La reunión de Montilla, Sebastián y Vegara con McCreevy y Kroes se celebra a quince días de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) emita su dictamen sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON.
La comisaria de Competencia ya ha advertido al Gobierno español de que la OPA de E.ON tiene dimensión comunitaria y por ello es competencia exclusiva del Ejecutivo comunitario, que ya la autorizó sin condiciones.
BRUSELAS PUEDE ANULAR LAS MEDIDAS DE LA CNE.
Según recordó hoy el portavoz de Kroes, la CNE sólo podría imponer nuevas condiciones a la fusión por motivos de interés general, siempre que las medidas sean proporcionadas, y compatibles con la legislación comunitaria, incluida la libre circulación de capitales. Además, tendrían que notificarse previamente a Bruselas, y la Comisión podría anularlas si no cumplen todos estos requisitos.
Todd dijo que sería "muy difícil de argumentar" que se impusieran nuevas condiciones a E.ON por razones de seguridad de suministro, porque la legislación europea se refiere a motivos de seguridad pública, que son más bien cuestiones de "ley y orden".
El caso E.ON se sigue con atención también en el departamento de Mercado Interior, que abrió a principios de mayo un procedimiento de infracción contra España por el decreto que faculta a la CNE para analizar la OPA de la alemana.
McCreevy ha dado al Gobierno español una prórroga para presentar sus argumentos, que vence a finales de julio. Si la Comisión no está satisfecha podría enviar un dictamen motivado exigiendo al Gobierno que cambie el decreto.
