El Parlamento insta al Tribunal de Cuentas a impulsar una mejor gestión de Tesorería en las administraciones

Presidente del Tribunal de Cuentas
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 9 abril 2013 19:59

Pide evitar los excedentes y diseñar los presupuestos con mayor rigor para reducir las transferencias del Estado


MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes medio centenar de propuestas de resolución presentadas por el PP, el PSOE, UPyD y CiU en las que, entre otras cosas, se insta al organismo fiscalizador a impulsar una mejora de la gestión de la Tesorería en las diferentes administraciones públicas.

La Comisión ha debatido la Cuenta General del Estado de 2010, cuyo dictamen ha quedado aprobado con una amplia mayoría y las resoluciones de los grupos parlamentarios, de las cuales han salido adelante las 26 presentadas por el PP y casi una treintena de los otros tres partidos de la oposición que habían presentado propuestas.

Entre otras cosas, se han aprobado por unanimidad tres resoluciones de PP, PSOE y UPyD, respectivamente, en las que se insta al Tribunal de Cuentas a fomentar una "utilización exhaustiva" y una "gestión óptima de las necesidades reales" de Tesorería para "reducir el coste financiero global" y poder así "evitar que los organismos y entidades del sector público dispongan de excedentes de Tesorería muy elevados respecto a las obligaciones a corto plazo".

En la misma línea, se insta al Tribunal de Cuentas a "promover la obtención de una adecuada rentabilidad de los recursos líquidos que conserven", así como a dictar las normas oportunas para que los presupuestos se redacten con el "máximo rigor", de tal manera que se puedan "reducir las transferencias del Estado mediante la utilización preferente de los remanentes de Tesorería" en los organismos públicos.

MEJORAR LOS INVENTARIOS

También han contado con el apoyo unánime de la Comisión la propuesta --presentada por UPyD, PSOE y PP-- de mejorar la contabilidad del inmovilizado y avanzar en la actualización de los inventarios públicos.

Los cuatro grupos parlamentarios que han presentado propuestas comparten un bloque de propuestas relativas a la necesidad de que se presenten cuentas consolidadas, que se avance para que todas las administraciones obligadas a rendir cuentas lo hagan en la forma y el plazo estipulado, incluyendo la previsión propuesta por el PP de que se exija "la responsabilidad que proceda a los gestores, especialmente cuando el incumplimiento se reitere".

Además, los cuatro partidos han pedido que se mejore la homogeneidad en el formato y en los datos aportados por las diferentes administraciones, y que se subsanen los defectos que, año tras año, detecta el Tribunal. Todas estas iniciativas han sido aprobadas por unanimidad.

MEJORAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA

En cuanto al resto de ideas presentadas por las formaciones de la oposición, destacan la petición al Tribunal de Cuentas de que trabaje para mejorar la planificación, la presupuestación y la presentación de las cuentas; la contabilidad de la Seguridad Social, o para incluir en la Cuenta General del Estado nueva información económico-financiera relevante como informes de gobierno corporativo, de sostenibilidad o de gestión.

Además, se insta al organismo fiscalizador a evaluar a partir de ahora las medidas de estímulo económico y de reforma que aprueba el Gobierno para saber qué efecto tienen, una propuesta de UPyD que ha salido adelante con 37 votos a favor y dos abstenciones.

El PSOE también ha sacado adelante otras peticiones como adaptar la financiación de la Seguridad Social "a la situación real de gasto" para impedir que se incremente el déficit y se dificulte el objetivo de separación de fuentes de financiación o se generen tensiones de liquidez.

Socialistas y 'populares' han transaccionado asimismo sus respectivas propuestas relativas a la liquidación de los centros mancomunados sin personalidad jurídica propia, de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que aún se encuentren pendientes, para que se cuente con la colaboración de las distintas instituciones y organismos públicos que pudieran estar afectados en este proceso de liquidación", iniciativa que ha logrado la unanimidad de los grupos.

CONTROLAR LA DEUDA

Finalmente, todas las propuestas de resolución del PP han salido adelante. Entre otras cosas, los 'populares' instaban al Tribunal de Cuentas a analizar los gastos vinculados a la deuda que se recogen en los presupuestos de las administraciones del sector público --concretamente la antigüedad, vida media y riesgo de refinanciación de los compromisos de gastos derivados de la deuda y su carga financiera--, así como comprobar si su destino fue la financiación del déficit no financiero o del déficit financiero.

Asimismo, se pide que el Tribunal de Cuentas opine en futuros informes sobre el saldo de obligaciones pendientes de pago y qué parte de dicho saldo deudor se encuentra incurso en morosidad; y también acerca de "si los sistemas de gestión y control de los gastos públicos proporcionan información suficiente" en materias como el cumplimiento de programas y objetivos, desviaciones y causas.

En este sentido, el PP concreta que sería deseable "más información sobre los aspectos significativos de las desviaciones negativas entre los créditos autorizados y las obligaciones reconocidas a final del ejercicio" para poder conocer qué programas se han visto afectados, particularmente en las partidas que deben prestar un "mayor apoyo a la recuperación del potencial de crecimiento" como las de Infraestructuras o Investigación, Desarrollo e Innovación.

También se exige al Tribunal de Cuentas que actúe para que las entidades del sector público administrativo "registren contablemente la totalidad de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores", y que se estudie la posible exclusión del importe de los solares y construcciones transferidos a las comunidades autónomas y los edificios traspasados a las Fundaciones Hospital del inventario de la Seguridad Social.

Finalmente, se insta al organismo fiscalizador a proceder a la "definitiva cancelación" de los derechos de la Administración General --y las consiguientes obligaciones de la Seguridad Social-- correspondientes al traspaso de funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales a favor del País Vasco y Navarra.