MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El último Pleno del Congreso de los Diputados de este año y de la presente legislatura dará luz verde al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008, después de que el PSOE se haya garantizado los apoyos suficientes para levantar el veto impuesto por el Senado a la sección relativa al Ministerio de Vivienda.
La Cámara Alta aprobó el pasado lunes el veto, impulsado por CiU y apoyado por PP, ERC, Coalición Canaria (CC) y Eusko Alkartasuna (EA), lo que sumó un total de 137 votos a favor frente a 117 votos en contra. Ante esta situación, el PSOE necesitaba garantizarse una mayoría absoluta (176 escaños) en la votación en el Congreso para poder salvar el último proyecto económico elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en esta legislatura.
Si se hubiera repetido la situación que se vivió cuando las cuentas públicas salieron del Congreso, el PSOE sólo hubiera tenido como seguros los apoyos del PNV, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Chunta Aragonesista (CHA), Nueva Canarias (NC) y el ex diputado del PP Joaquín Calomarde, que le permitirían alcanzar ese número de escaños, pero de una manera demasiado ajustada.
Sin embargo, el grupo parlamentario de IU-ICV, que presentó un veto de totalidad al proyecto en la Cámara Baja, anunció el martes que votaría en contra del veto del Senado, en un ejercicio de "exigencia y responsabilidad", para evitar así la prórroga de los Presupuestos de 2007.
A juicio de su portavoz, Joan Herrera, esta era la "peor opción", pues hubiera supuesto la pérdida de todos los acuerdos alcanzados por la coalición de izquierdas con el PSOE a lo largo del trámite del proyecto, que sumaban una cantidad superior a los 160 millones de euros, así como de un importante incremento en las inversiones para Cataluña que, no obstante, CiU y ERC siguen considerando deficiente.
De esta forma, gracias a IU-ICV, los socialistas se garantizan el voto de un total de 181 diputados, lo que da al PSOE un cierto margen ante posibles ausencias entre sus filas. Además, no necesitará estar tan pendientes de que sus dos diputados de Los Verdes, el sevillano Francisco Garrido y el catalán Joan Oms, mantengan el criterio del resto del Grupo Socialista.
CON UN VETO A FOMENTO NO SE HUBIERA SALVADO EL PROYECTO.
Se da la circunstancia de que CiU también presentó un veto parcial a la sección de Fomento, pero no se llegó a debatir porque la aprobación del referido al departamento que dirige Carme Chacón bloqueó todo el trámite en el Senado.
De haber sido el veto de Fomento el que hubiera prosperado, tal y como aseguró Herrera, IU-ICV hubiera votado a su favor, lo que hubiera situado al Ejecutivo en una situación verdaderamente comprometida, ya que hace menos de un mes sólo pudo contar con 173 votos para salvar a su titular, Magdalena Álvarez, de una reprobación por parte del Congreso.
DESFASE DE AL MENOS 200 MILLONES DE EUROS.
Por otro lado, como consecuencia de los acuerdos alcanzados por el PSOE con los diferentes grupos parlamentarios durante su tramitación en el Congreso, los Presupuestos arrastran un desfase de al menos 200 millones de euros, según han reconocido los socialistas --cifra que el PP eleva a 231 millones--, que no se pudo corregir en el Senado al prosperar el veto de Vivienda.
Para cuantificar este dato, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido, a instancias del Partido Popular, que los servicios de la Cámara informen del número y la cuantía de las enmiendas incorporadas a los Presupuestos.
Así, según se informó a Europa Press en fuentes 'populares', el principal grupo de la oposición ha registrado una decena de preguntas, en las que se solicita que se clarifique el importe exacto de este desajuste, que ha tenido impacto sobre todo en la sección 31 del texto.
CORRECCIÓN DEL DESAJUSTE.
Después de que el Senado haya impuesto un veto sobre el texto, se ha hecho imposible corregir esta situación mediante enmiendas antes de su aprobación definitiva, por lo que el Gobierno dispone sólo de dos mecanismos que le permitan superar el lance.
El primero sería a través de la propia ejecución presupuestaria, lo cual, a juicio de los 'populares', "quebrantaría" el poder del Congreso de decidir sobre el proyecto económico del Estado para el próximo año, mientras que la otra opción sería un real decreto ley con carácter extraordinario, que tendría que ser ratificado por las Cortes. No obstante, fuentes socialistas consultadas por Europa Press precisaron que el Gobierno, previsiblemente, se decantaría por la primera opción.
