MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso urgirá este martes al Gobierno, a instancias del PP, a acelerar la puesta en marcha de la factura electrónica en todas las administraciones públicas, para que pueda haber un mejor control de los gastos, ahorrar "miles de millones de euros anuales", reducir el fraude y garantizar el acceso a la información de manera rápida y sencilla.
La 'popular' Celinda Sánchez ha justificado la presentación de esta iniciativa pese a que el proyecto de ley de Impulso de la factura electrónica ya está tramitándose en el Senado, apuntando que "es una propuesta coherente y oportuna para acelerar dicha norma" para conseguir una "mayor agilidad" en el pago, "en el plazo más breve posible", de las facturas de todas las administraciones, y que éstas "dejen de ser un obstáculo" a la actividad empresarial y al empleo con su morosidad.
Así, la iniciativa reclama al Ejecutivo que acelere la puesta en marcha de este nuevo instrumento "en el plazo más breve posible" en todos los contratos o convenios que se firmen con el sector público y que se potencie el Servicio Central de Gestión de la Facturación Electrónica, abierto el 15 de enero, que servirá como punto único de entrada de las facturas electrónicas dirigidas al sector público estatal" y que "podrá asimismo distribuir las facturas a los órganos y organismos destinatarios".
Según el PP, la implantación completa de la factura electrónica conllevará un importante ahorro de gastos, que el Ministerio de Industria estima en 2,78 euros para el receptor y de 0,70 euros para el emisor de cada factura, lo que al año supone un potencial ahorro de 15.000 millones de euros en las 4.500 millones de facturas que expide el sector público.
"ESO QUE PIDEN YA LO HACE EL GOBIERNO"
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha reconocido su "desconcierto" porque el PP "pide algo que ya se está haciendo". "Como suelen decirnos ustedes, eso que piden ya lo está haciendo el Gobierno. Ésta es una proposición retroactiva", ha ironizado, dirigiéndose a los 'populares'.
A Inmaculada Riera (CiU) también le ha "sorprendido" este debate, y ha reclamado que no se obstaculice el uso de formatos de factura diferentes al que propugna el Gobierno central, porque implantar un único formato supondría un "derroche de las inversiones realizadas hasta hoy", y que sean las comunidades autónomas las que regulen los formatos.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu cree que esta propuesta es "buenista", aunque reconoce no saber "qué significa de verdad" la iniciativa. En cualquier caso, aplaude la implementación de la factura electrónica tanto en el sector privado como en el público por el ahorro y la lucha contra el fraude que permitirá.
¿NO CONFÍAN EN EL GOBIERNO?
La socialista Patricia Blanquer se pregunta "qué sentido tiene que (el PP) presente una propuesta para pedir algo que ya se está haciendo?" y que además es "un desiderátum compartido por la amplia mayoría de grupos".
"Quizás buscan conseguir un titular que no consiguen con el proyecto de ley", ha dicho, reclamando a los 'populares' que aproveche para pedir al Ejecutivo "más diálogo". "Sí al impulso de la factura electrónica en el sector público pero no a una proposición de puro marketing político", ha zanjado.
Caridad García, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha explicado que su grupo votará en contra por considerar la iniciativa una "tomadura de pelo a los ciudadanos y a los grupos parlamentarios" por parte del PP, que así hace una "lamentable utilización" de su cupo de propuestas.
"Ya sabemos que los ciudadanos confían poco en el Gobierno, pero que desconfíen ustedes nos parece de juzgado de guardia. ¿No les parece ridículo instar al Gobierno a acelerar los trámites?", ha añadido.