MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas urgentes para "dejar encarrilado" el año 2016, ante las objeciones planteadas a los Presupuestos por el Comisario para Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Pierre Moscovici, que considera que la reciente reforma fiscal compromete los objetivos de déficit público marcados por Bruselas.
En concreto, en un comunicado, Gestha propone la vuelta a la tributación de las ganancias especulativas en la tarifa general del IRPF, que son las obtenidas en un plazo inferior a un año, así como el incremento en cinco puntos de la tributación a las empresas que obtienen más de un millón de euros de beneficio y la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras.
Según los técnicos de Hacienda, la adopción de estas medidas con carácter urgente evitaría los ajustes en gastos sociales o incluso, el aplazamiento de inversiones.
El sindicato ya advirtió en su momento al Gobierno de que las bajadas de IRPF y Sociedades para 2015 y el adelanto de la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este año dificultarían los compromisos de déficit del 4,2% y 2,8% para este año y el próximo.
De hecho, en el documento enviado a Bruselas el Gobierno rebajó el coste de la reforma fiscal entre 2015 y 2017 hasta los 7.900 millones, de los que 3.872 millones corresponden al año 2015, una cifra que coincide con las tres décimas que separarán a España del cumplimiento del déficit comprometido para este año.
REFORMA FISCAL INTEGRAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Por otro lado y para dotar al sistema de la suficiencia y la estabilidad necesaria, Gestha considera preciso poner en marcha una reforma fiscal "integral", acompañada de una apuesta firme por la reducción del fraude fiscal.
En concreto, propone fijar un objetivo de reducción de la economía sumergida, actualmente en el 24,6% del PIB, para recaudar 38.500 millones anuales adicionales a medio plazo. De hecho, lamenta que el Ejecutivo se "contente" con aumentar los resultados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones al año entre 2015 y 2017.
Por último, apuesta por incluir la redefinición del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio para lograr una financiación suficiente de las comunidades autónomas que evite la competencia fiscal que perjudica a sus cuentas regionales.
