Publicado 24/11/2022 07:38

El impuesto a la banca, las energéticas y las grandes fortunas pasa su último trámite en el Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Carlos Luján - Europa Press


MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas, encara este jueves su recta final en el Congreso con el debate y votación en el Pleno.

Una vez concluida la sesión plenaria de los Presupuestos Generales del Estado, dará comienzo un nuevo Pleno para, entre otros asuntos, debatir esa ley y enviarla al Senado.

A lo largo de las últimas semanas, la proposición de ley ha sufrido diferentes modificaciones con respecto a la redacción original. Uno de los principales cambios se ha producido en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que se incluyó una enmienda del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.

Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

Es más, en la justificación de su enmienda el PNV ya explicaba que su propuesta tiene por objeto aclarar el ámbito territorial de aplicación del nuevo gravamen, "tanto por entidades españoles como extranjeras", excluyendo así los intereses y comisiones que se obtengan en otras jurisdicciones.

EL IMPUESTO ENERGÉTICO EXIME LOS INGRESOS REGULADOS

En lo referido al gravamen energético, en la comisión se acordó que de la facturación objeto del gravamen se excluirían los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, quedó modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Además, se incluye en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.

Al mismo tiempo, se incluyó otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.

SE EVALUARÁ SI LOS IMPUESTOS SE HARÁN PERMANENTE

Por otro lado, el texto llegará al Pleno con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.

En el texto final sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.

Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros

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