Más de 70 países, incluido España, participan en el Proceso Kimberley de certificación de diamantes, presidido este año por la CE
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Con motivo de la celebración hoy, 14 de febrero, del Día de San Valentín, Amnistía Internacional (AI) recuerda que los 'diamantes ensangrentados' --proceden de las zonas en conflicto y que los financian, especialmente en África, donde han provocado la muerte y el desplazamiento de miles de personas-- "empañarán" este regalo, habitual en el Día de los Enamorados.
Para trata de luchar contra ello, más de 70 países, incluido España, participan en el conocido como 'Proceso Kimberley', un sistema internacional de certificación de diamantes que este año precide la Comisión Europea. Por su parte, la industria del diamante se ha comprometido a implantar un sistema de autorregulación para garantizar que los diamantes que se comercializan son 'limpios'.
Pese a que este Proceso "es un paso adelante", los 'diamantes ensangrentados' "todavía escapan a los controles", según AI, que recuerda, que un informe de Naciones Unidas indica que gran cantidad de ellos procedentes de zonas controladas por grupos rebeldes en el norte de Costa de Marfil están siendo introducido clandestinamente en Ghana.
Como participante en el 'Proceso Kimberley' y como Estado miembro de la Unión Europea, AI pide al gobierno español que reclame la suspensión de exportaciones de diamantes en bruto desde Ghana y que este país quede excluido del Sistema de Certificación del Proceso Kimberley mientras no existan controles que impidan este comercio ilegal.
Asimismo, le pide que apoye dentro de la Unión Europea sistemas internos de control estrictos y adoptar medidas efectivas para vigilar el cumplimiento de la autorregulación por parte de la industria del diamante.
Para ello, la Sección española de Amnistía Internacional ha lanzado a través de su página web 'www.actuaconamnistia.org' una 'ciber-acción' dirigida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, con estas peticiones para garantizar que los 'diamantes ensangrentados' no llegan al mercado.
Además, la organización realizará un muestreo durante los próximos meses en diferentes puntos de venta de diamantes de ciudades españolas para evaluar el nivel de conocimiento que tienen los minoristas del 'Proceso Kimberley' y de las garantías que pueden ofrecer a los compradores de que estas piedras preciosas no provienen de zonas en conflicto ni de lugares donde se producen abusos contra los Derechos Humanos.
Según AI, el comercio ilegal de este tipo de diamante exacerba los abusos contra los Derechos Humanos y financia en África conflictos que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas.
Durante estos conflictos, los beneficios de este comercio sirven a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto 3,7 millones de personas en conflictos mantenidos, en parte, gracias a los diamantes.
El 'Proceso Kimberley' fue puesto en marcha en 2003 por Naciones Unidas, como un sistema que obligara a los Gobiernos a certificar que las partidas de diamantes en bruto proceden de zonas libres de conflicto, y al que ya están suscritos más de 70 países, entre ellos España.
AUN QUEDA POR HACER
Aunque están haciendo importantes progresos, tanto los Gobiernos como la industria del diamante "todavía están lejos de combatir eficazmente el comercio de diamantes ensangrentados", dice AI.
En muchos países participantes los controles gubernamentales sobre el comercio de diamantes, desde el proceso de extracción hasta el de pulido, "siguen siendo ineficaces, debido a la ausencia de unas normas mínimas comunes de control interno que tengan carácter vinculante, así como a la falta de vigilancia efectiva, de capacidad y de voluntad política".
Los diamantes siguen financiando conflictos, ya que en África Occidental se están extrayendo en zonas bajo control rebelde de Costa de Marfil y a través de países vecinos se están introduciendo clandestinamente en los mercados internacionales.
La ONU señala que los escasos controles permiten que hasta un total de 23 millones de dólares (17,5 millones de euros) en diamantes procedentes de Costa de Marfil penetren en los canales comerciales legítimos desde Ghana y a través de Malí, donde son certificados como procedentes de zona libre de conflicto.
AI exige a la industria del diamante que ponga en marcha "sistemas coherentes que apoyen los fines del Proceso de Kimberley" y se comprometa a acabar con ellos y a poner en evidencia a los individuos y empresas que quebranten la ley y no estén cumpliendo con el Proceso.
"Los consumidores también pueden hacer mucho al respecto", dice AI, interesándose en el momento de comprar un diamante en las joyerías sobre la certificación de que dispone la piedra preciosa y las garantías que puede ofrecer el punto de venta de que no procede de zonas de conflicto.
