RSC.- CCOO advierte de la necesidad de dar una protección "justa" a los trabajadores afectados por el amianto

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO presentó hoy en Madrid la Proposición No de Ley que se debatirá mañana en la Comisión de Sanidad para la puesta en práctica de diferentes medidas de control y prevención de las enfermedades provocadas por la exposición al amianto, recordando que "es necesario dar una protección justa a las personas afectadas por este material".

En rueda de prensa explicaron que esta sustancia provoca más de 1.000 muertes al año, por lo que es necesaria la adopción de medidas para proteger y resarcir a los trabajadores aquejados de cáncer de pulmón o de pleura provocados por la exposición continuada durante años a este producto.

Por su parte la diputada de Izquierda Verde y una de las principales promotoras de esta proposición, Carmen García, solicitó que las Administraciones públicas "no aparquen más este tema" y tomen en cuenta las directrices que se presentarán mañana para intentar acabar con este problema en España.

Asimismo, indicó que los afectados por diversas enfermedades provocadas por el amianto "no han sido escuchados, ni han sido reconocidos sus derechos ni laborales, ni de pensiones, ni sociales". García destacó que para luchar contra los efectos "hay que adelantarse a las consecuencias y asumir de forma colectiva la responsabilidad en este sentido".

En 1978 el Parlamento Europeo declaró el amianto como una sustancia cancerígena, ante lo que el Estado Español "fue permeable a las presiones de los lobbys industriales, tardando 23 años en prohibir su uso", recordó.

A pesar del anuncio del Parlamento Europeo, entre 1970 y 1995 España importó más de dos millones de toneladas de amianto que se utilizaron para la construcción de tejados, paredes, techos y sistemas de aireación y aislante de todo tipo de edificios, como hospitales, centros educativos, cines grandes, almacenes, etc. La retirada de esta sustancia de estos lugares supondría un coste de decenas de millones de euros para la Administración.

Mientras, señaló, la proliferación del uso de este elemento ha provocado problemas de salud a miles de personas que están "totalmente desatendidos y olvidados". En el año 2030 se calcula que en España entre 40.000 y 60.000 personas morirán de cáncer provocado por la exposición continuada a esta sustancia.

Los trabajadores de la industria naval, de los fibrocementos, así como los de material ferroviario y los de reparación de automóviles serán los que padecerán los peores efectos del amianto, como el cáncer pleura y el de pulmón, con elevadas tasas de mortalidad.

En 1999 se creó el Grupo de Trabajo 'Amianto', con el fin de realizar diversos trabajos e investigaciones para elaborar propuestas e iniciativas para minimizar el impacto económico y social de la exposición a este material, pero los poderes públicos "han hecho oídos sordos".

PROPUESTA A LA COMISIÓN DE SANIDAD

Así, desde CCOO e Izquierda Verde han creado una Proposición No de Ley para presentarla mañana ante la Comisión de Sanidad y que incluye la realización de un desarrollo homogéneo del Programa Nacional de Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a este producto en el transcurso de su desempeño laboral. También solicitarán que la Administración dedique diversos recursos técnicos, de investigación, humanos y financieros para prestar apoyo integral a los afectados.

Otro de los requisitos que serán presentados mañana será el reconocimiento "de forma automática" este tipo de afecciones como enfermedad profesional y que se proceda a realizar las modificaciones en la legislación necesarias.

La jubilación anticipada se afrontará como otro de los puntos clave, ya que CCOO solicitará que se otorgue un año de jubilación por cada tres de exposición a todos los trabajadores, además de la jubilación inmediata para los que estén padeciendo algún tipo de patología provocada por el amianto.

La creación de un Fondo de Indemnización para las personas afectadas también está recogida en la proposición, así como la elaboración de un programa de acción que permita la gestión, control y la eliminación "correcta" del material cancerígeno instalado, con el fin de evitar cualquier impacto sobre la salud pública o sobre el Medio Ambiente.

Por último, esta propuesta recoge otros términos como la instauración de una Comisión Parlamentaria que realice una valoración de las repercusiones sanitarias, medioambientales, sociales y económicas provocadas por este elemento.