RSC.- CCOO apela al 'sentido común' para resolver posibles problemas laborales causados por la nueva Ley Antitabaco

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO apeló hoy al sentido común para tratar de solucionar los problemas que la nueva Ley Antitabaco, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pueda suscitar en los centros de trabajo.

Así lo puso hoy de manifiesto el secretario regional de Acción Sindical de Castilla y León, Vicente Andrés, quien aseguró, no obstante, que el del tabaco es un tema "de sentido común" que se ubica "al margen de la negociación colectiva", en referencia a la posibilidad de que en los convenios se puedan establecer cláusulas sobre turnos de salida a la calle para fumar.

En este sentido, Andrés sentenció que "hay que cumplir la ley" y mostró su convencimiento de que en un proceso de tiempo "no muy largo" se acoplarán ambas intenciones aunque no descartó la posibilidad de que en un primer momento haya "desajustes".

"El sentido común acabará imponiéndose", insistió el secretario de Acción Sindical, quien recordó que normativas similares se han puesto ya en marcha en países como Italia en los que en la actualidad la ley "no representa ningún problema".

Algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía ya han calculado cuánto les costará anualmente a las empresas la prohibición de fumar en los centros de trabajo, y que en el caso de esta CCAA se estima en unos 1.911 millones de euros, según se desprende de un estudio realizado por la empresa 'Aire Limpio', dedicada a la gestión de la calidad del aire interior de los edificios.

En concreto, dicho Informe, al que ha tenido acceso Europa Press, toma en consideración las alrededor de 835.000 personas que fuman y trabajan en interiores en toda Andalucía, del total de los 1,2 millones de empleados que se declaran fumadores en la Comunidad, y que ya se ven afectadas por la Ley Antitabaco.

Según apunta el citado estudio, la prohibición de habilitar salas para fumadores en el trabajo supondrá al empresario una pérdida de productividad y, por tanto, un coste económico anual estimado en unos 2.287 euros por cada trabajador fumador, "derivado del tiempo empleado por cada trabajador fumador en salir a la calle, fumarse el cigarro y regresar a su puesto de trabajo".

Este proceso, añade el estudio, representa una pérdida de unos 15 minutos diarios, "tomando como base que el trabajador fuma una media diaria de cuatro cigarrillos". Frente a ello, sostiene que dicho coste podría haberse reducido considerablemente hasta en un 57,5% si la nueva normativa hubiese permitido la habilitación de salas.

Por ello, el informe señala entre sus conclusiones que la nueva Ley coloca al empresario "ante el difícil papel de velar por el cumplimiento de la misma, sin mermar los derechos de sus empleados fumadores".

En España, la prohibición total de fumar en los centros de trabajo afecta a 5,1 millones de trabajadores del total de los 7,3 millones de asalariados fumadores que existen y que tendrán que salir a la calle para poder fumar un cigarrillo.