MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Castilla y León, La Rioja y País Vasco consideran que es "imprescindible" la modernización de la política energética en España por lo que reclaman la puesta en marcha de un plan energético basado en criterios de sostenibilidad y de gestión de la demanda, capaz de impulsar "el ahorro y el uso eficiente de la energía".
Desde este sindicato se insiste en que es necesario "transformar nuestros patrones de consumo y seguir avanzando en un modelo de fuentes diversificado", en el que el peso de las energías renovables vaya progresivamente "desplazando a aquellas otras que tienen un mayor impacto sobre el Medio Ambiente o sobre la salud y la seguridad de las poblaciones", como es el caso de algunas de las centrales nucleares que se pusieron en marcha hace mas de 30 años.
En este sentido, consideran oportuno el cierre definitivo de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) y el anuncio del próximo cierre de la central de Garoña (Burgos), ya que ambas centrales han superado "ampliamente" el periodo de vida útil para el que en su día fueron proyectadas.
La central nuclear de Garoña se construyó entre 1966 y 1970, entrando en funcionamiento en 1971, por lo que a todos los efectos debe de considerarse como una central de primera generación, es decir, diseñada y construida en base a los criterios y tecnologías de los años sesenta.
Los 466 megavatios de potencia de esta central y su aportación a la red eléctrica "no resulta sustancial en estos momentos y puede ser suplida sin ninguna dificultad por otras fuentes de generación mas modernas que ya están a pleno rendimiento", según CCOO.
Además, el sindicato recuerda que "habría que sumar la incidencia que este tipo de instalaciones tiene sobre la salud de las poblaciones circundantes, la magnitud del riesgo que en caso de accidente se tiene que asumir, la devaluación que producen sobre los recursos agrícolas ganaderos y naturales de su entorno y sobre las actividades económicas asociadas a los mismos".
Por todas estas razones CCOO estima "ineludible" afrontar esta situación y encontrar "alternativas viables de actividad económica y empleo que garanticen un futuro a las poblaciones afectadas".
Así, demandan a la Junta de Castilla y León, con la participación de todas las Administraciones, "promover un pacto institucional en el que participen todos los agentes implicados capaz de abordar con garantías un plan de desarrollo económico y social alternativo, con un diagnóstico de la situación y basado en la potenciación de actividades que permitan la instalación de empresas y la generación de empleo local".
