BRUSELAS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea continúa la investigación que abrió en 2005 para determinar los daños que puede causar para la población de Nava (Asturias) la línea de alta tensión de la empresa Red Eléctrica de España (REE) que la atraviesa como parte de un recorrido que va de las localidades asturiana de Soto de Ribera y cántabra de Penagos y si ésta incumple la legislación europea, tal y como denunció recientemente el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein en una intervención parlamentaria.
En ella, Hammerstein advirtió de los posibles "efectos nocivos" que podría tener, particularmente para niños y personas mayores, el paso de la línea de alta tensión por Nava, situada a entre 15 y 50 metros de algunas casas de la localidad.
Agregó que la propia Red Eléctrica firmó un convenio con el Ayuntamiento de Nava "reconociendo que esta línea de tensión es un obstáculo para el desarrollo futuro de la ciudad".
Por este motivo, se llegó a un acuerdo para modificar el tramo que atraviesa esta localidad dentro del diseño de un nuevo trazado global de la línea. No obstante, esto no será posible hasta que no se ejecute en su totalidad y para ello, denunció Hammerstein, "no se especificaron fechas ni límites".
El eurodiputado preguntó a la Comisión si cree que es "segura" la construcción de cables a 15 y 50 metros de algunas casas y si estima que con ellos se cumplen las reglas comunitarias relativas a los estudios de impacto medioambientales para ciertos proyectos.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, recordó que Bruselas ya inició una investigación por este motivo en 2005, que de momento no ha terminado. "La Comisión examinará los hechos a los que alude el eurodiputado en relación a la construcción de una línea de cables eléctricos de alta tensión en el vecindario de un núcleo urbano ya existente", aseguró.
Agregó que la Comisión efectuará su análisis teniendo en cuenta las disposiciones de una directiva sobre estudios de impacto medioambiental que los hace obligatorios para la construcción de líneas eléctricas con un voltaje superior a los 220 kilovoltios y con una distancia mayor a 15 kilómetros.
Fuera de estos casos, establece que el Gobierno competente tendrá que evaluar "caso por caso" o mediante umbrales u otro tipo de criterios si el proyecto en cuestión puede tener efectos significativos en el ecosistema.
