En la Comisión de Administraciones Públicas su presidente recuerda que el comercio justo mejora la estructura de los mercados
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) estuvo presente esta mañana a través de la comparecencia de su presidente, Andrés González, en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, para exponer su postura y sus enmiendas al proyecto de Ley de Contratos en el Sector Público, una iniciativa legislativa que en su preámbulo alude al comercio justo.
En este sentido, González agradeció la posibilidad de que su postura se tenga en cuenta a la hora de elaborar esta nueva ley y valoró positivamente lo importante que resulta que "por primera vez se haga mención al comercio justo en una ley sobre contratos y compras públicas", ya que "se trata de una clara herramienta para el desarrollo sostenible".
Así, recordó que es clave que a la hora de tomar decisiones de compra o contratación de servicios en las Administraciones públicas se consideren aspectos como el salario justo a los productores, el pago de una parte de trabajo por adelantado, la transparencia, la rastreabilidad, el respeto al Medio Ambiente y a los Derechos Humanos, o la capacitación y la sostenibilidad en la producción.
En definitiva, señaló González, "el comercio justo no plantea ningún imposible, sino sólo criterios éticos que pueden y deben certificarse", bien a través de sellos internacionales como el de FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), o el de la Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT, por sus siglas en inglés) que garantizan la procedencia y producción en condiciones de comercio justo como estándares reconocidos y armonizados internacionalmente.
Éste es un movimiento que cuenta con más de 50 años de historia y "no es de hoy", recordó a los asistentes el director de la CECJ.
Así, se refirió también a las ventajas económicas, financieras, de formación, técnicas, de estabilización de ingresos y en general de mejoras claras en la estructuras de los mercados, --especialmente los que cuentan con estructuras deficientes, oligopolios, etc-- del comercio justo, que además ofrece un acceso más igualitario a los mercados del Norte.
González, que estuvo acompañado en su comparecencia por la responsable de Compra Pública Ética de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Laura Rodríguez, también expuso tres propuestas que, a su juicio, deberían incluirse en esta ley de Contratos Públicos: la primera es que la definición de comercio justo como tal sea "más explícita" --para evitar confusiones-- y más amplia la forma o explicación en que estos criterios deberían formar parte de las compras públicas.
La segunda es que las condiciones de ejecución de los contratos tuvieran en cuenta normas internacionales como las de la OIT, teniendo en cuenta que en muchos casos las compras y contrataciones tienen una dimensión trasnacional y especialmente cuando exista deslocalización en las cadenas de producción.
Además, apuestas por que las condiciones de comercio justo se verifiquen con auditorias o certificaciones que se incluyan en los productos o servicios contratados para evitar fraudes y aumentar la seguridad en los criterios de adjudicación.
GARANTIZAR DERECHOS
Como conclusión, González insistió en la importancia de esta inclusión en el proyecto de ley, aunque recalcó la necesidad de una definición más clara de comercio justo y de sus criterios que no lleve a confusiones por ser "un instrumento básico que garantiza los derechos laborales y Humanos básicos".
Aunque la CECJ lleva tiempo trabajando en el análisis de las compras públicas y ya hay experiencias lícitas en algunos Ayuntamientos, los criterios de comercio justo "siguen sin estar suficientemente acotados en los pliegos de condiciones de contratación y el riesgo de confusión es grande".
En este sentido, dijo, "es necesario proteger al consumidor de productos de comercio justo que no lo son o que no están garantizados", ya que el fraude "es cada vez mayor y crece a medida que crece su éxito comercial, más si siguen sin establecerse normas legales al respecto".
Por su parte, la representante de IDEAS señaló que los criterios de comercio justo que en la actualidad se aplican afectan, de momento, sólo a los contratos de servicios y suministros, como ocurre con instituciones como la Diputación de Barcelona o el Gobierno del País Vasco, --gestión de cafeterías, caterings, comedores escolares, máquinas de vending, etc-- pero no en la contratación de obras, en los que, hasta el momento, no son aplicables.
"Los criterios sociales que pedimos incluir son siempre verificables, porque ya existen mecanismos para verificarlos: su aplicación no es por tanto discrecional, sino comprobable por la parte contratante, la Administración en este caso", aclaró; por ello, incluir el comercio justo en sus contratos y compras se ha convertido ya "en una obligación para el Gobierno español" y esta futura ley "no es más que una forma de dotarlo de mayor seguridad jurídica", concluyó Rodríguez.
