RSC.- Desestimada la demanda contra la minera estadounidense Newmont por contaminar aguas de una localidad de Indonesia

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La demanda contra la minera estadounidense Newmont por contaminar con sus actividades de extracción el sistema de distribución de agua de la localidad de Bahía Buyat, en el norte de Indonesia, y de provocar el envenenamiento y muerte de varios de sus habitantes, ha sido rechazada por los Tribunales indonesios, según informa el boletín 'Ethical Corporation'.

Con esta decisión, Tos tribunales de Indonesia dan la razón a la mayor compañía minera del mundo, con sede en Denver (Colorado) ante las acusaciones que denunciaban que la empresa estaba contaminando las regiones del país en las que desarrolla sus actividades de extracción de minerales, concretamente oro, en la zona de Sulewesi.

A pesar de esta resolución positiva para los intereses de la multinacional, los habitantes de las zonas afectadas por la contaminación todavía esperan que se haga responsable a la empresa de las muertes de varios habitantes de la localidad de Bahía Buyat. Sin embargo, para que estas demandas prosperasen, tendrían que colaborar con las ONG más relevantes del país, "lo que parece poco probable", según la comunidad local.

En este sentido, la compañía ha luchado contra estas acusaciones y demandas realizadas por las asociaciones locales y por organizaciones ecologistas internacionales, en las que denunciaban que la mina de oro de Minasha Raya, en el norte del país, ha envenenado durante años el sistema de distribución de agua que utilizan los ciudadanos de este pueblo para cubrir sus necesidades, provocando la muerte de varios de sus habitantes.

A pesar de que informes independientes en la zona mostraron que el agua estaba libre de sustancias tóxicas como el mercurio, el caso fue aceptado por el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, pero si embargo, y pese a que la demanda siguió adelante, la última decisión de los Tribunales del país ha paralizado el proceso.

El Tribunal encargado del caso decidió que al existir un contrato entre el Gobierno de Indonesia y Newmont, el caso debería ser analizado por un Consejo de Arbitraje Independiente. Según un portavoz de la compañía en Yakarta, este consejo fue formado por representantes de la empresa y del Gobierno del país, pero cuya actuación es "independiente".

El contrato firmado entre Newmont y el Ministerio de Minas y Energía entró en vigor a mediados de los años 80, durante el Gobierno del "corrupto presidente Suharto", lo que según los demandantes "cuestiona la validez y la imparcialidad del acuerdo entre ambas partes".

OPOSICIÓN DE LAS ONG

Por su parte, el representante de la organización ecologista Amigos de la Tierra en Indonesia, Walhi Raja, señaló que la decisión de este Tribunal "no es satisfactoria", de manera que decidieron que el proceso legal continuara "a un nivel más alto", esto es, en el "en un Tribunal de Apelación". Asimismo, explicó que esta era una demanda medioambiental y "no un caso en donde una de las partes involucradas ha incumplido el contrato".

Los conflictos entre la empresa y los activistas locales se han estado produciendo desde hace tiempo, y se prevé que se mantengan como consecuencia de la reciente decisión de los Tribunales del país. Así, Raja indicó que las ONG "tienen mucha influencia" en Indonesia, a través de sus relaciones con los gobiernos y con las empresas multinacionales afincadas en la región.

Algunas de las acciones emprendidas por las ONG del país han sido muy criticadas por los expertos de la industria minera indonesia, que han advertido de que "están jugando a hacer política y no se preocupan de la justicia". Además, desde la empresa han dirigido las acusaciones de contaminación hacia los empresarios mineros ilegales que operan en la región, que en su opinión "vierten más basura tóxica al Medio Ambiente que Newmont".

A pesar de la decisión del Tribunal, Newmont todavía no ha celebrado su victoria, debido al creciente aumento de la reputación de las ONG en Indonesia, la apelación por su parte y la creación de un sistema legal que fomenta las acciones contra las inversiones extranjeras.