MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Eurocámara votará próximamente una nueva directiva que regulará la gestión de los residuos mineros, y que, de ser aprobada, obligará a las empresas del sector a alcanzar unos mínimos de seguridad financiera con el fin de cubrir los gastos de instalación de dispositivos para la gestión de los residuos y para la rehabilitación de los terrenos que pudieran resultar afectados por los vertidos de estas sustancias contaminantes.
Según recoge el diario digital de Bruselas 'Aquí Europa', esta nueva directiva ha sido el resultado del trabajo del eurodiputado Jonas Sjöstedt, y "viene a completar la anterior directiva marco que ayudará a establecer los requisitos mínimos destinados a mejorar la gestión de los residuos mineros con objeto de prevenir accidentes que produzcan daños sobre el Medio Ambiente y la salud humana".
Con la posible instauración de una nueva directiva sobre residuos mineros, el Parlamento Europeo "pretende evitar desastres ecológicos como el de Aznalcóllar en 1998". En este caso se produjo la rotura de una presa que contenía residuos contaminantes procedentes del sector minero que fueron vertidos sobre el Parque Natural de Doñana.
Una de las novedades que introduce esta normativa es la creación de un sistema de garantías financieras, mediante el cual las empresas dedicadas a la extracción deberán contar con fondos disponibles "no sólo para cubrir los gastos de instalación de residuos sino también para la rehabilitación del terreno afectado". El importe establecido en la directiva para asegurar esta garantía "se ajustará periódicamente con arreglo al trabajo de rehabilitación que sea necesario efectuar".
Al mismo tiempo, la nueva normativa tiene prevista la obligatoriedad sobre los Estados miembros de la UE de asegurar la confección y actualización de un inventario en el que se reflejen las instalaciones de residuos clausuradas, además de las abandonadas y las que generen un impacto medioambiental grave "o que puedan convertirse a medio y corto plazo en una amenaza para la salud humana y para el ecosistema".
En este sentido, la directiva nacerá con el objetivo de "hacer más rigurosa la gestión de los residuos mineros", que alcanzan los 400 millones de toneladas al año. Por este motivo, quedarán reflejadas en la nueva regla aspectos como las condiciones para la concesión de licencias de explotación, así como la obligación de determinar los residuos antes de desecharlos o de su tratamiento y la necesidad de elaborar planes de gestión para su eliminación.
Una vez que entre en vigor la nueva normativa, los miembros de la UE tendrán 24 meses para incorporar esta directiva a sus propios ordenamientos jurídicos. Países como Bulgaria y Rumania anunciaron que adoptarán estas medidas "a pesar de no estar obligadas".
