El documento a debatir en este último encuentro está relacionado con las políticas públicas de fomento de la RSE en España
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Foro de Expertos de RSE creado por el Ministerio de Trabajo celebrará mañana jueves, 12 de julio, su última reunión, tras más de dos años de trabajo, que será presidida por el director general de Economía Social, Juan José Barrera, con el fin de hacer públicas las conclusiones que serán tenidas en cuenta por el Gobierno para definir su política sobre fomento de la responsabilidad social de las empresas.
Los casi 50 expertos acudirán mañana a la sede del Ministerio en Madrid a primera hora y tras esta última reunión --en la que se debatirá el último documento recibido por estos expertos previamente a este encuentro-- Barrera, dará a conocer las conclusiones a las que han llegado desde su constitución, en marzo de 2005.
En esta última reunión se debatirá el documento 'Las políticas públicas de fomento y desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en España', que recoge e integra los documentos elaborados a lo largo de las distintas sesiones celebradas por el Foro desde su creación hace más de dos años.
El documento resultante será tenido en cuenta por el Gobierno, al igual que el informe de recomendaciones elaborado por la Subcomisión Parlamentaria sobre RSE, que finalizó el pasado mes de diciembre, y las conclusiones a las que lleguen los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social sobre RSC --aún no finalizada--, para definir cuál va ser su política de fomento de la RSE en España.
EL DOCUMENTO.
El informe que previamente recibieron los integrantes del Foro de Experto para su estudio y aportaciones --y que se terminará de consensuar mañana en este último encuentro-- se refiere a la necesidad de una política pública de fomento de la RSE.
El documento --al que ha tenido acceso Europa Press-- señala también que los aspectos de la responsabilidad social "deben ser considerados tanto de interés público como privado, ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y venidera".
Así, el sentido más importante del concepto de RSE "es la exigencia cívica de una mayor corresponsabilidad de las distintas instituciones y del conjunto de los actores económicos, políticos y sociales con los objetivos de construcción de una sociedad más próspera y justicia, y con un Medio Ambiente más limpio y seguro".
"Además de los procesos de mejora continua y autorregulación en los que participa la empresa es necesario que la administración pública asuma un papel activo a través de políticas de promoción hacia una forma de gestión más responsable con la sociedad y con el entorno", agrega el documento.
Con esta perspectiva general, las políticas públicas de desarrollo de la RSE "debe combinar el fomento de las iniciativas voluntarias de políticas y prácticas empresariales responsables, al mismo tiempo que se impulsan los acuerdos, tanto en el marco del Diálogo Social como en procesos de bases más amplias que incorporen a otros actores sociales".
Aunque España cuenta con varias iniciativas públicas tanto a nivel local como a nivel estatal, "es necesario estructurar de forma coordinada un desarrollo de políticas públicas a favor de la RSE que se implementen de forma transversal desde la Administración central".
Así, los poderes públicos "pueden adoptar una posición positiva y activa apoyando el desarrollo responsable de las empresas para que en los próximos años las empresas españolas adopten una gestión responsable tanto en España como en sus actividades en el extranjero", apunta el texto.
PROPUESTAS PARA EL FOMENTO DE LA RSE EN ESPAÑA.
El documento señala también que varios estudios muestran que la mayoría de los ciudadanos desconocen qué es la RSE y qué significado y alcance de futuro tiene la discusión sobre las nuevas responsabilidades que las empresas pueden asumir en el ámbito de sus relaciones con la sociedad.
Por ellos, cree necesarias campañas informativas que mejoren esa comprensión del concepto y la sensibilización de los ciudadanos, la creación de un portal en internet, accesible para personas con discapacidad, que facilite la difusión de la información significativa sobre RSE, o el apoyo de las iniciativas de los distintos actores sociales e institucionales que favorezcan el mejor conocimiento de la RSE.
El documento apuesta también por un consumo responsable, es decir, por fomentar la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo, promover la información dirigida a los consumidores sobre el consumo cívico o responsable o fomentar la utilización del etiquetado como herramienta distintiva de cumplimiento de criterios sociales y medioambientales.
Otros aspectos que se debatirán mañana tomando como base este último documento tienen que ver con el fomento de la investigación sobre RSE y desarrollo sostenible, el estudio de los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible en la educación o la promoción de éstas en las enseñanzas universitarias, especialmente en las materias relacionadas con la economía, la comunicación y la administración y gestión de empresas.
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA RSE.
Los miembros del Foro debatirán también mañana sobre otros temas incluidos en el documento, como la idea de que las Administraciones públicas deban integrar los principios de responsabilidad en sus propios sistemas de gestión y en las relaciones con terceros (valoración de estos aspectos a la hora de realizar contratos públicos, concesión de subvenciones, etc).
También apuesta por fomentar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) como palanca positiva de cambio en este nuevo desarrollo de las empresas. En este sentido, la Administración "podría gestionar sus fondos de pensiones y el de reserva de la Seguridad Social a través de los mercados financieros, incluyendo en esta inversión los criterios de RSE".
El documento no olvida a las pymes, y la necesidad de desarrollar políticas de promoción e incentivos de la RSE aplicados también a ellas, así como la necesidad de apoyo a las empresas para la elaboración de memorias o estandarización de la información en materia de RSE (apoyo técnico, catálogo de herramientas, temas e indicadores de medida susceptibles de ser incluidos en el Informe de RSE, etc).
Finalmente, el documento propone la creación de un Consejo Estatal de RSE, en el que participen representantes de las organizaciones empresariales, los sindicatos, otras organizaciones representativas de las distintas sensibilidades existentes en la sociedad y las Administraciones públicas, con el objetivo de constituirse como un órgano asesor y consultivo del Gobierno.
Su trabajo sería impulsar y fomentar las políticas de RSE, de acuerdo con las conclusiones de la IV sesión de trabajo del Foro de Expertos. Sus objetivos serían constituir el marco de referencia para el desarrollo de la RSE en España, fomentar las iniciativas sobre RSE, promocionar los estándares y características de las memorias de sostenibilidad, o participar en los foros nacional e internacional constituidos para tratar temas de RSE.
Este Consejo estaría compuesto por miembros procedentes de las partes interesadas, integrado, por lo tanto, por representantes de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de las ONG (Medio Ambiente y Derechos Humanos, acción social o discapacidad entre otros), de los consumidores y usuarios, de la economía social y de las Administraciones públicas.
