CGSLB imparte formación entre los sectores más afectados, como hostelería, alimentación y bebidas, o construcción y horticultura
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las dos principales centrales sindicales en Bélgica, FGTB y CSC, consideran "un escándalo social" la situación de desamparo y desprotección de los derechos laborales básicos que viven los trabajadores indocumentados en el país y el "ensordecedor silencio" del Gobierno en este sentido. Sus condiciones son muchas veces "inaceptables", y ante ello "no pueden defenderse debido a la situación de irregularidad en que se encuentran".
Segun recoge el Boletín de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, 'CIOSL en Línea', el Gobierno belga hace 'oídos sordos' en lo referente a la regularización de estas personas indocumentadas. Las medidas de represión que se toman contra ellos son también "desmesuradas" y van desde una multa a la expulsión del territorio del trabajador indocumentado.
En palabras del Secretario Federal Adjunto de la CSC de Bruselas, Jacques Debatty, la sindicalización de este colectivo es "una etapa esencial de la senda de la dignidad", destacando la necesidad de establecer criterios permanentes para el procedimiento de regularización de la situación de estas personas.
Aunque trabajen de manera ilegal, algunas de las personas indocumentadas tienen ingresos regulares, por lo que Debatty estima que esos trabajadores "están en condiciones de pagar una cotización sindical", que es un acto de adhesión muy importante que permite al sindicato brindar servicios. Una cotización simbólica o estar exentos de ellas "no es una vía que permita estructurar el movimiento de las personas indocumentadas a largo plazo", asegura.
"No estamos ante un hecho episódico sino estructural y permanente", señala Debatty. Por lo tanto, "debemos encararlo como tal". Por eso, dice, "pedimos que las personas indocumentadas paguen una cotización mensual de 2,83 euros". En este momento, en la Federación de Bruselas de la CSC hay un centenar de afiliados.
Entre otras cosas, la persona indocumentada dispone de un respaldo jurídico en caso de necesitarlo, que interviene en los casos que no se toman en cuenta en las jurisdicciones laborales. "Además, estamos llevando a cabo negociaciones con la Coordinación e Iniciativas para y con los Refugiados y Extranjeros (CIRÉ) para hacernos cargos de algunos casos a fin de ir creando jurisprudencia", explica.
Junto a la FGTB y un centenar de ONG este sindicato se opone a la política "discrecional y arbitraria" que el Gobierno aplica desde hace varios años, y que a su juicio, "es la que origina el sentimiento de injusticia de las personas indocumentadas". "Mientras prevalezca esta política aleatoria, las personas indocumentadas seguirán tomando medidas, sean éstas ocupaciones de iglesias o huelgas de hambre", señala.
En este momento el Gobierno tiene que optar: "o elige hacer frente a acciones de protesta cada vez más numerosas o instaura criterios permanentes de regularización, examinados por una comisión que trabaje respetando los derechos de la defensa", dice.
PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS
FGTB y CSC han desarrollado en este sentido una propuesta de regularización definiendo los criterios permanentes y el procedimiento a seguir para las solicitudes de regularización. Esta propuesta aspira a que se instaure una política permanente para sustituir a una política "hoy discriminatoria".
Entre estas medidas ennumeran el agrupamiento familiar, las
enfermedades graves para las cuales no se tiene acceso en los países de origen, la imposibilidad material de retorno que afecta a toda persona que no puede obtener la documentación de viaje a fin de volver a su país de origen, los vínculos perdurables que solamente pueden continuar mediante una autorización de estadía y que los menores no acompañados gocen de una reglamentación legal y duradera.
Para el trámite apuestan por que éste sea rápido, respete los derechos de la defensa y permita un examen individualizado de cada expediente. Además, dicen, "la presentación de una solicitud impedirá la ejecución de cualquier medida de expulsión antes de que tome una resolución sobre la misma". Si transcurridos seis meses de haber presentado su solicitud la persona no hubiera recibido ninguna respuesta se le entregará un certificado de matriculación que le dará derecho a un permiso de trabajo.
La CGSLB lleva a cabo acciones de información en los sectores más afectados, como el de la hotelería y suministro de alimentos y bebidas, la construcción o la horticultura. "Nuestro sindicato le reclama al Gobierno que luche contra la explotación de las personas y contra el trabajo en negro", concluye su responsable, Bernard Noël.
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