"Biocarburantes: un sector estratégico que precisa ser regulado"
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Dos de los graves problemas a los que los humanos nos enfrentamos --el cambio climático y el agotamiento de las reservas de petróleo-- aconsejan la incorporación progresiva en las matrices energéticas de todos los países de fuentes de energía alternativas y renovables, entre ellas los biocarburantes, de los que destacan el biodiésel como sustituto natural del gasóleo y el bioetanol como sustituto de la gasolina.
Europa es el mayor importador de petróleo y gas del mundo, situándose actualmente en torno al 50% el nivel de dependencia, porcentaje que podría aumentar hasta el 71% en 2030, según estimaciones hechas públicas por el Parlamento Europeo. En 2005, el consumo de energía primaria en la UE de los 25 fue de 1.700 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). En España, la dependencia del exterior se sitúa en torno al 85% del consumo total energético del país, habiéndose consumido en el año 2005 un total de 23.292 KTm. de gasóleo de automoción y 7.260 KTm. de gasolinas, y estimándose para el 2010 un consumo de 36.536 Ktep de carburantes.
La Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, aboga porque se comercialice una proporción mínima de biocarburantes y de otros combustibles renovables, estableciendo en este sentido, como objetivo indicativo, el 5,75% de toda la gasolina y gasóleo comercializado con fines de transporte en los respectivos mercados de los países miembros, a más tardar el 31 de diciembre de 2010.
Esta Directiva fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes.
Ante este escenario, la producción y comercialización de biocarburantes se presenta como una excelente oportunidad para activar en unos casos y reactivar en otros los sistemas económicos de algunos países en vías de desarrollo por ser éstos los proveedores de las materias primas de las que se extraen los aceites y alcoholes necesarios para la producción de los biocarburantes y también, claro está, suponen una interesante opción para inversionistas y empresas prestatarias de servicios y proveedoras de maquinaria y equipos destinados a la fabricación y distribución de biocarburantes.
En la actualidad, se encuentran en producción diez plantas de biodiésel con una capacidad de producción total, a pleno rendimiento, de 235 Ktep y cuatro de bioetanol con una capacidad total de producción aproximada de 400 Ktep. De acuerdo con el estado de la evolución de distintos proyectos en curso, las estimaciones apuntan a que durante el presente año 2007 entren en funcionamiento, al menos, otras cinco fábricas de producción de biodiésel que podrían sumar otras 300.000 Toneladas anuales.
Independientemente de estas nuevas plantas, algunos de los productores comercializadores hoy existentes (Stocks del Vallés y Bionor Transformación, por ejemplo) verán finalizadas, además, las respectivas ampliaciones de sus actuales instalaciones de producción de biodiésel.
A finales de 2008 con seguridad podemos encontrarnos en nuestro país con un escenario compuesto por 28 ó 30 fábricas de biodiésel y siete u ocho de bioetanol, cuyo montante inversor me resulta difícil estimar si bien estoy convencido de no equivocarme de mucho si digo que el conjunto de todas estas fábricas habrán requerido, finalmente, inversiones por valor de más de 1.500 millones de euros.
Para incentivar la producción y el consumo de biocarburantes en nuestro país, por Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2003, se estableció un tipo especial del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de 0 €uros x 1.000 litros hasta, en principio, el 31 de diciembre de 2012. Con posterioridad, el Real Decreto 774/2006, de 23 de junio, introducía importantes modificaciones en el Reglamento de los Impuestos Especiales, permitiendo desde ese momento las mezclas de biocarburantes con carburantes convencionales en las instalaciones de los propios consumidores finales así como en las de venta al público, sin sujeción, por parte de los titulares de dichas instalaciones, al cumplimiento de condiciones especiales o particulares de ningún tipo.
Expuesto el escueto marco legal básico que rige la producción y comercialización de biocarburantes, y teniendo en cuenta el potencial interés estratégico de este sector, la actuación de la Administración en este terreno no está respondiendo a las expectativas que cabría esperar, máxime teniendo a su alcance, como modelo de referencia, la política regulatoria en materia de producción y fomento en el uso de biocarburantes implantada en algunos países de nuestro entorno europeo.
Así, por ejemplo, se hecha de menos una posición política decidida y clara, negro sobre blanco, en apoyo y a favor de los biocarburantes obtenidos, preferentemente, a partir de cultivos autóctonos, semejante a la auspiciada por el Gobierno portugués; en las licitaciones públicas para la compra de carburantes destinados a los parques móviles de nuestros organismos los biocarburantes brillan por su ausencia; no existe una norma que obligue a que en un porcentaje mínimo de gasolineras se venda al menos un tipo de biocarburante tal y como existe en Suecia o en Francia, país éste último, por cierto, donde va a modificarse la fiscalidad para posibilitar la amortización excepcional por parte de los propietarios de las estaciones de servicio de las obras necesarias y depósitos para el E-85 (gasolina con un contenido del 85% de Etanol).
Tampoco se ha legislado todavía para que los carburantes convencionales incorporen, obligatoriamente, un porcentaje mínimo de biocarburante tal y como ocurre en algunos países, o que las petroleras vengan obligadas a comercializar una cantidad mínima de biocarburantes como en Alemania respecto del biodiesel; se echan en falta normas de calidad para las mezclas de biocarburantes con carburantes convencionales en distintas proporciones; no se entiende que no se les exima del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ni de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, etc.
Pero, hay algo más preocupante que lo anterior, y es la ausencia absoluta de criterio y control a la hora de autorizar estas instalaciones que, dicho sea de paso, probablemente ya cubrirían sobradamente la producción deseada de materializarse la mayoría de proyectos. ¿Qué hay de malo en tratar de poner cierto orden?, ¿por qué no establecer un criterio razonable estándar que sirva para evaluar la necesidad y viabilidad de los proyectos y que exija a quienes pretendan instalar una fábrica de producción de biocarburantes medios y condiciones mínimas que garanticen la calidad de los productos obtenidos?.
No se me entienda mal, no abogo por un modelo intervencionista por parte de nuestra Administración; si creo necesario un marco regulatorio mínimo que no dificulte la libertad empresarial pero si eficaz y capaz de valorar y evaluar la necesidad y conveniencia, pongo como ejemplo, de que tres o cuatro plantas puedan instalarse en una misma provincia. Son muchas las cuestiones que deben ser comentadas y analizadas con el rigor, objetividad, y tiempo que el sector de los biocarburantes merecen pero que el espacio de esta Tribuna me impide abordar ahora, sea como fuere, ¡larga vida a los biocarburantes!.
Julio Benito Sánchez.
Asesor del sector petrolero, y Director de la empresa de asesoría y consultoría especializada en hidrocarburos y biocarburantes BRENT & TRADING (B&T energy consulting).
