RSC.- Uruguay establece una moratoria de año y medio para tratar "nuevas solicitudes" de transgénicos

Actualizado: jueves, 15 marzo 2007 18:30


MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno uruguayo aprobó recientemente una moratoria, vigente durante los próximos 18 meses, sobre los transgénicos para tratar "nuevas solicitudes de autorización" con el objetivo de introducir "eventos de organismos vivos de origen vegetal y sus partes genéticamente modificadas".

En este país se cultivan tres tipos de cultivos transgénicos: la soja 'Roundup Ready' (RR) y dos variedades de maíz (el 'Mon 810 BT' y el 'BT 11'), comercializados por las multinacionales Monsanto y Syngenta, respectivamente.

Hasta la fecha, un 40% de los cultivos de maíz son transgénicos mientras que la 'Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina' calcula que existen cerca 300.000 hectáreas de soja RR en Uruguay. En este sentido, el Instituto Nacional de Semillas de este país calcula que el cien por cien de las semillas de soja son transgénicas, pese a las reticencias que este producto genera entre la población.

Por otro lado, la Red estima que se ha registrado un aumento del 300% respecto al uso de los pesticidas debido a la proliferación de monocultivos forestales y cultivos transgénicos, manipulados genéticamente para que toleren estos productos.

Los pesticidas más utilizados son el glifosato, el paraquat o el atrazina, entre otros, productos que se usan sin la correspondiente evaluación ambiental y con el agravante de que los campesinos desconocen todos sus efectos nocivos. Ante esta situación, la Red demanda que se lleven a cabo "estudios serios y en profundidad" sobre el impacto económico, social y medioambiental de estas sustancias.

Precisamente, la moratoria uruguaya también contempla la creación de un Grupo de Trabajo interministerial para "diseñar los lineamientos y políticas sobre biotecnología". Este grupo estará integrado por cuatro ministerios y contará con la participación del sector privado y la sociedad civil.

Entre sus objetivos destaca la definición de políticas en biotecnología, ajustes institucionales, relaciones entre la producción orgánica y el uso de transgénicos, mecanismos de información al consumidor e investigación básica.