MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Unión Fenosa, Antonio Basagoiti, apostó hoy por una evolución "gradual e inteligente" del parque de generación eléctrica español, que tenga en cuenta la realidad actual de las compañías del sector, para lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto.
Durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2003, Basagoiti insistió en que la decisión final que adopte el Gobierno para el reparto de los derechos de emisiones contaminantes en el marco de Kioto debe procurar que el coste de la luz para los consumidores no se incremente y que se garantice tanto la sostenibilidad como la calidad del suministro eléctrico.
A su juicio, esto no sería posible si, de repente, dejaran de funcionar las actuales centrales térmicas de carbón o las de energía nuclear. Por eso, dijo, habrá que reducir emisiones sin prescindir de las actuales fuentes de energía pero ampliando el parque generador en línea con la planificación energética del Gobierno, que fomenta las energías renovables y los ciclos combinados (gas).
Asimismo, advirtió de que los sectores que no deben reducir emisiones obligados por las normas de la UE también tendrán que hacer un esfuerzo por limitar su contaminación. Y todo ello, precisó, siempre y cuando Europa no pierda competitividad frente a otros competidores industriales, teniendo en cuenta que países como Estados Unidos, Australia o Rusia no tienen intención de cumplir con Kioto.
En cuanto a las discrepancias surgidas entre las eléctricas por este asunto, Basagoiti subrayó que, en el fondo, se trata más de un problema de "timing", ya que todas la compañías coinciden en la necesidad de reducir emisiones aunque discrepan en la forma y la velocidad a la hora de adoptar medidas.
A su juicio, si finalmente el Gobierno toma unas decisiones "razonables" sobre este asunto, sean las que sean, Unión Fenosa estará preparada para asumir los impactos que supongan para la marcha de su negocio.
290 MILLONES DE TONELADAS
Unión Fenosa defiende que el Gobierno asigne al sector eléctrico derechos de emisión equivalentes a 290 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para garantizar el cumplimiento de Kioto, asegurar la competitividad de todos los sectores industriales y evitar el encarecimiento de los precios de la electricidad y la ruptura del modelo regulatorio previsto.
En una presentación remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), la compañía cree que el Plan de asignación de emisiones que prepara el Gobierno debe aprobar derechos "suficientes" a los sectores que verán reguladas sus emisiones, lo que en el caso eléctrico supone 290 millones de toneladas.
A su juicio, esta cantidad es necesaria para cubrir la demanda al menor coste para España, evitando el encarecimiento de los precios de la electricidad.
En su opinión, el reparto de estos derechos entre las instalaciones del sector eléctrico debería hacerse conforme a emisiones históricas recientes, evitando prejuzgar su funcionamiento futuro (tesis que defiende Iberdrola) y en línea con lo establecido en la totalidad de los planes publicados hasta la fecha en otros países europeos.
Asimismo, aboga por el establecimiento de una especie de agrupación sectorial para la gestión conjunta de los derechos que evite la internalización del coste de los derechos asignados gratuitamente (lo que supondría encarecer los precios de la electricidad), la aparición de 'windfall profits' y de posibles desequilibrios sectoriales, y que, además, asegure la disponibilidad de derechos a nuevos entrantes.
LAS TESIS DE LA MAYORIA DEL SECTOR
Para el periodo 2008-2012, la eléctrica que preside Antonio Basagoiti defiende la consecución de un pacto entre la industria y la Administración para el cumplimiento por España de Kioto, de forma que no se pongan en peligro los objetivos de convergencia económica con la UE y que se contemple la reducción de emisiones físicas económicamente viables, manteniendo la competitividad de los sectores regulados.
Asimismo, cree que este acuerdo debería incluir medidas de reducción de emisiones en los sectores no regulados (como el transporte o la agricultura, por ejemplo) y contemplar el uso de los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo de Kioto, gestionados por el Estado a través de un Fondo de Carbono.
Unión Fenosa considera que sus tesis forman parte de una posición común compartida "con la amplia mayoría del sector eléctrico español", en referencia a las discrepancias surgidas en torno a Kioto entre Iberdrola y el resto de las grandes eléctricas (Endesa, la propia Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo).
El Gobierno prepara un Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes que tendrá que presentar a Bruselas antes del próximo abril y que deberá repartir las cuotas máximas de emisión de gases contaminantes en cada sector industrial, de manera que España pueda cumplir con el compromiso que asumió para que sus emisiones en 2012 no superen en más de un 15 por ciento las registradas en 1990.